El concejal de Urbanismo de Tui niega los cargos ante el juez

El concejal de Urbanismo de Tui, Miguel Méndez, compareció ayer en el Juzgado de Instancia número 2 como investigado en un procedimiento por un supuesto acoso laboral. En su declaración, el edil negó "tajantemente" los hechos por los que fue denunciado por una funcionaria. La defensa del concejal señaló que "se echa de menos una concreción" sobre los hechos que le atribuyen y se formula denuncia genérica por un supuesto acoso laboral que insistió, Miguel Méndez niega de forma rotunda. Precisamente por eso confía en que pronto haya un archivo del procedimiento. Por su parte, el alcalde, Enrique Cabaleiro, prefirió no hacer declaraciones y esperar a que el juez dicte una resolución.

También ayer estaban citados a declarar otras tres personas relacionadas con el Ayuntamiento de Tui, entre ellas la concejal de Igualdad.

La denuncia por un supuesto acoso laboral contra el concejal de Urbanismo ha encontrado en las redes sociales un gran eco tras la publicaciones de la tudense Beatriz de Clèves, que además de informar desde sus redes sociales, ha solicitado a través del Registro la celebración de un pleno extraordinario “centrado en esclarecer qué se hizo, qué no y por qué. Ese pleno no ha sido solicitado por ningún grupo político, ni de gobierno ni de oposición, y por eso decidí estructurarlo públicamente para que la ciudadanía pueda acceder a preguntas concretas y verificables”. Además, se han impulsado actuaciones “en el ámbito institucional: solicitudes formales de información al Concello, traslado a la Xunta en relación con el cumplimiento de la normativa aplicable”, explica.

Uno de los puntos en los que más ha insistido esta tudense es en el hecho de si el Ayuntamiento activó todos los mecanismos necesarios desde el momento en el que tienen conocimiento de que existe una posible situación de acoso. Para ella “hay deberes legales muy claros en igualdad y prevención de riesgos laborales: poner en marcha de inmediato los protocolos internos, garantizar la protección del afectado, valorar y adoptar medidas cautelares si procede, investigar los hechos dentro de la organización y asegurar la trazabilidad de todas las actuaciones”. Algo que, según dice, no ha sucedido en esta ocasión o al menos no ha habido la suficiente transparencia por parte del Ayuntamiento.