La ONU rechaza la ley de pena de muerte para los palestinos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió ayer de que la nueva ley israelí para ejecutar únicamente a ciudadanos palestinos por actos de terrorismo constituía un crimen de guerra.

“Era claramente incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional, incluidas las relativas al derecho a la vida. Suscitaba graves preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, era profundamente discriminatoria y debía ser derogada de inmediato”, manifestó Turk.

La ley establecía la ejecución en la horca como pena para los palestinos condenados en la Cisjordania ocupada por ataques que causaran la muerte de ciudadanos israelíes y que se ejecutaran en un plazo de 90 días -contraviniendo todas las leyes internacionales-, sin posibilidad de indulto ni derecho a apelar.

Turk recordó lo “profundamente difícil” que resultaba conciliar este tipo de legislaciones con la dignidad humana y el “riesgo inaceptable” de que acabaran siendo ejecutadas personas inocentes. Aplicarla sobre “los habitantes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra”, subrayó.

Asimismo, el jefe de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre otras propuestas legislativas con las que el Parlamento israelí pretendía imponer retroactivamente la pena de muerte a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023 mediante un tribunal militar especial.

Apeló a los legisladores israelíes a que dieran marcha atrás y destacó que, al centrarse exclusivamente en los delitos cometidos por palestinos, “se institucionalizaba una justicia discriminatoria y parcial”.

“Los juicios por delitos relacionados con el 7 de octubre eran sumamente importantes, pero no debían basarse en la discriminación. Todas las víctimas tenían derecho a la misma protección de la ley, y todos los autores debían rendir cuentas sin discriminación”, defendió. Con estas nuevas medidas, Israel afianzó aún más sus políticas de segregación racial y de apartheid contra los ciudadanos palestinos, que a menudo eran condenados tras “juicios injustos”, denunció Naciones Unidas. El Alto Comisionado recordó que, en virtud del derecho internacional, estaban prohibidos los juicios a civiles en tribunales militares, salvo en circunstancias estrictamente excepcionales.