El fiscal pide inhabilitación y cárcel a Cristina Fernández

La Fiscalía argentina ha solicitado doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz. El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel.

El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez -contra el que se reclaman doce años de prisión--, “se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política. “Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, dijo el fiscal. “Interpuso su interés personal sobre el interés público”, dijo Luciani.

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter anunció por sorpresa que solicitó volver a declarar dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Posteriormente, la vicepresidente argentina volvió a utilizar su perfil para afirmar que está “ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial” y no en un tribunal constitucional ya que le han impedido ejercer su derecho a la defensa frente “a cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación” al que asistió en mayor de 2019. Cristina Fernández aseguró tras conocer la decisión judicial que “la sentencia ya estaba escrita”, añadiendo que “me hubiera gustado hablar frente al tribunal”, sentenció.

La Fiscalía argentina ha solicitado doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz. El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel.

El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez -contra el que se reclaman doce años de prisión--, “se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política. “Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, dijo el fiscal. “Interpuso su interés personal sobre el interés público”, dijo Luciani.

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter anunció por sorpresa que solicitó volver a declarar dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”. Posteriormente, la vicepresidente argentina volvió a utilizar su perfil para afirmar que está “ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial” y no en un tribunal constitucional ya que le han impedido ejercer su derecho a la defensa frente “a cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación” al que asistió en mayor de 2019. Cristina Fernández aseguró tras conocer la decisión judicial que “la sentencia ya estaba escrita”, añadiendo que “me hubiera gustado hablar frente al tribunal”, sentenció.

APOYO DEL PRESIDENTE

Tras la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, expuso en un comunicado que “hoy es un día muy ingrato” para alguien como él, con experiencia en Derecho, y transmitió su “afecto y solidaridad” a Fernández. El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de la vicepresidenta sobre la existencia de una “persecución judicial y mediática” contra ella, alegando que “ninguno de los actos ha sido probado” y hay un intento de poner la Justicia “al servicio de los poderes fácticos”.

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.

Tras la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, expuso en un comunicado que “hoy es un día muy ingrato” para alguien como él, con experiencia en Derecho, y transmitió su “afecto y solidaridad” a Fernández. El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de la vicepresidenta sobre la existencia de una “persecución judicial y mediática” contra ella, alegando que “ninguno de los actos ha sido probado” y hay un intento de poner la Justicia “al servicio de los poderes fácticos”.

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.