Los enlaces gais, a consulta

C uba lleva a referendo este domingo el Código de las Familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto. El ejercicio pretende ser el punto y final de un proceso de años. Arrancó con la elaboración de la Constitución de 2019 y concluyó con la aprobación de la vigésimo quinta versión del Código de las Familias en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) este julio, luego de tres meses de consulta popular y 79.000 reuniones con ciudadanos en barrios y municipios. El texto, que sustituye a una normativa de 1975, contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten, regula el embarazo “solidario”, la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género.

El Gobierno cubano y todas las estructuras del Estado se han volcado en la campaña por el “sí”, incluida la Comisión Electoral Nacional (CEN) y el Tribunal Supremo, con continuos mensajes desde hace semanas en medios oficiales y redes sociales. Argumentan que el código atiende a la realidad actual de las familias cubanas, amplía derechos y protege mejor a menores, mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables.

La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro, destacó que el código responde a una “ampliación de derechos” en el ámbito del derecho familiar. “El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, aseguró.

RECHAZO DE LA IGLESIA

El “no”, por su parte, no ha tenido una campaña articulada ni presencia en los medios oficiales. En redes sociales activistas y algunas instituciones y colectivos han abogado por la abstención o el rechazo a la ley. Su oposición es en ocasiones rechazo al contenido, y particularmente a que los homosexuales puedan casarse y adoptar. Éste es el caso de la Iglesia católica, que recientemente criticó en un comunicado de la Conferencia Episcopal estos puntos y pidió votar “en conciencia”.

Pero el rechazo es también político. Opositores, disidentes y activistas aseguran que se abstendrán o votarán en contra porque consideran que el “sí” conlleva la legitimación del sistema político comunista con el que no están de acuerdo.

La opositora y expresa política cubana Marta Beatriz Roque explicó que si pudiera votar -tiene los derechos civiles suspendidos por una condena- optaría por la abstención. “Yo no estoy ni por el sí ni por el no, ni por nada, porque conozco la dictadura, se cómo trabaja y estoy convencida de que en estos momentos ya se sabe lo que va a ser el resultado de este plebiscito”, sostiene.

La periodista independiente María Matienzo también considera que la mejor opción es la abstención al entender que este referendo tiene carácter plebiscitario y a pesar de pertenecer al colectivo LGBTIQ. “Los derechos civiles no son unos más importantes que otros. Yo no tengo derechos como ciudadana sólo por el hecho de que se me permita casarme”, aseguró Matienzo, que echó en falta un “perdón” del Gobierno por el pasado homófobo de la revolución.

Por su parte, el periodista independiente cubano Maykel González Vivero explicó que votará “sí” por coherencia con sus años en el activismo LGBTIQ. “Voy a votar sí, a pesar de que tengo muchísimas críticas que hacerle al Gobierno, muchísimos reparos que hacerle a este proceso (...). Pero ya que ése es el contexto y estamos obligados a decir sí o no, para mí no hay otra opción que decir sí. Hemos estado trabajando por estos derechos durante mucho tiempo”, manifestó González Vivero.

Parte del colectivo criticó que se sometan a referendo los derechos de una minoría, cuando ninguna otra ley -incluido el nuevo Código Penal- ha pasado por este proceso.

TODO PREPARADO

La CEN asegura que todo está preparado para el buen desarrollo de la consulta. Más de ocho millones de cubanos están llamados a las urnas en unos 24.000 colegios electorales. Los cubanos que han emigrado o se han exiliado y no tienen su residencia en Cuba -un colectivo que suma unos dos millones de personas, según estimaciones- no tienen derecho a participar.

Algunas organizaciones no gubernamentales destacaron las dudas que les suscita esta consulta, como es el caso de Transparencia Electoral. Su director, Leandro Querido, criticó que se trató de una campaña sin “garantías”, que la jornada electoral no cuenta con observadores internacionales y que, sin “controles cruzados”, los resultados serán “inverificables”.