Biden aprueba el suministro de bombas de racimo en Kiev

El anuncio de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, de suministrar bombas de racimo a Ucrania para defenderse de la agresión de Rusia, movilizó a países como Alemania y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que se oponen a ello al estar prohibidas por la ley internacional.

Ucrania alegó que las utilizará contra las tropas rusas atrincheradas antes del avance de sus fuerzas, mientras que la OTAN recalcó que corresponde a cada país aliado suministrarlas. Ya en marzo de 2022, HRW advirtió de que el Ejército ruso lanzó bombas de racimo sobre Járkov el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión de Ucrania, e indicó que esos ataques podían constituir crímenes de guerra dado que un porcentaje alto de las víctimas eran civiles.

La misma organización acusó también a Rusia de cometer crímenes de guerra en el ataque que perpetró en abril de 2022 contra la estación de ferrocarril de Kramatorsk, en el este de Ucrania, por el uso de bombas de racimo que causaron la muerte al menos 58 civiles. En paralelo, la ONU también acusó a Rusia de perpetrar al menos 24 ataques con este tipo de munición contra Ucrania.

Otro país donde HRW denunció el empleo de esta munición en diferentes bombardeos ha sido en Siria por parte del régimen del presidente sirio, Bachar El Asad, tras el estallido de la guerra civil, en febrero de 2011, y en este contexto y durante el desarrollo de esta contienda, el Pentágono acusó también a Rusia en 2015 de utilizarlas, algo que Moscú negó.

La utilización de bombas de racimo está prohibida en 111 países y son especialmente mortíferas, dado que al caer liberan gran cantidad de pequeñas municiones del tamaño de una lata de refresco que no siempre explotan al impactar sobre el suelo y se convierten en minas antipersona.

Para luchar contra su uso, venta y producción, en febrero de 2007 se inició un proceso en Oslo donde cuarenta y seis países se comprometieron entonces a establecer un marco de trabajo para la cooperación que asegurara proporcionar el cuidado y la rehabilitación necesarios a los afectados por estas bombas, la limpieza de zonas contaminadas y la destrucción de las reservas.

Al llamado Proceso de Oslo para avanzar en la prohibición de armas, le siguió la Conferencia que se celebró en Viena en diciembre de 2007 y que concluyó con el acuerdo de 138 países sobre elementos clave como la asistencia a las víctimas y la destrucción de arsenales. En febrero de 2008, 88 países de los más de 120 que participaron en la Conferencia sobre bombas de racimo celebrada en Nueva Zelanda firmaron la llamada Declaración de Wellington a favor de prohibir este tipo de armas.

El último informe de HRW referido a 2022, refleja que desde la adopción de la convención, los Estados Partes destruyó colectivamente el 99% de las reservas mundiales totales de bombas de racimo que declararon, destruyendo casi 1,5 millones de municiones en racimo y 178 millones de submuniciones.