Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria crearán un centro para deportar migrantes en Ruanda

El acuerdo prevé que las instalaciones comiencen a funcionar en 2027 y permitan trasladar a personas sin residencia legal en la UE mientras se tramita su expulsión

Publicado: 17 nov 2026 - 09:23 — Actualizado: 17 nov 2026 - 09:24
Dos personas migrantes.
Dos personas migrantes. | Gareth Fuller

Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria han alcanzado un acuerdo con Ruanda para abrir en 2027 un centro de deportación de migrantes en territorio africano. La iniciativa permitirá a los cinco países europeos trasladar a personas que no tengan residencia legal en la Unión Europea, incluidos solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas, mientras se completa el procedimiento para su expulsión definitiva a sus países de origen.

El pacto fue anunciado este lunes en Viena, en una comparecencia conjunta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el canciller austriaco, Christian Stocker, junto a los ministros de Interior de los países participantes y el titular ruandés de esta cartera, Vincent Biruta. Frederiksen presentó el proyecto como un nuevo mecanismo para facilitar los retornos y aseguró que supone un cambio en la gestión de las fronteras europeas.

Según lo anunciado, las personas trasladadas a Ruanda podrán obtener un permiso de residencia en ese país si no aceptan regresar voluntariamente a sus lugares de origen. El Gobierno ruandés se encargará de su acogida y podrá ofrecerles la posibilidad de comenzar una nueva vida en su territorio.

La primera ministra danesa defendió que el acuerdo permitirá avanzar hacia un sistema migratorio en el que las personas sin derecho a permanecer en la UE no puedan hacerlo. También sostuvo que la iniciativa contribuirá a combatir las redes de tráfico de personas y a reforzar la asistencia a quienes huyen de sus países, especialmente en las regiones próximas a sus lugares de procedencia.

Stocker calificó el pacto de «punto de inflexión histórico» en la política migratoria europea. Por su parte, Biruta justificó la colaboración al considerar que la migración irregular no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino. El ministro aseguró que Ruanda pretende ofrecer oportunidades a quienes lleguen al país, aunque no espera recibir miles de personas ni obtener grandes ingresos por este programa.

Sin cifras de deportaciones ni presupuesto cerrado

Por el momento, los gobiernos implicados no han concretado cuántos migrantes podrán ser trasladados a Ruanda ni el presupuesto total del proyecto. Fuentes consultadas por el medio ruandés IGIHE apuntan a que los países europeos financiarán los gastos de transporte, alojamiento, formación y atención de las personas acogidas. También contribuirían al desarrollo económico de las zonas en las que se construyan las instalaciones.

El acuerdo constituye el primer pacto de este tipo negociado por varios Estados miembros de la UE con un país tercero para externalizar parte de la gestión migratoria y de los procedimientos de retorno. Su puesta en marcha se enmarca en la reforma de la política europea de devoluciones, que abre la posibilidad de realizar retornos a terceros países bajo determinadas condiciones.

España votó en contra de esta reforma al plantear dudas jurídicas sobre los centros de deportación y las garantías que deben proteger a las personas afectadas.

Alemania y Austria defienden su encaje legal

Los gobiernos participantes han insistido en que el mecanismo respetará la legislación europea y las normas internacionales de derechos humanos. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, defendió que estos centros ofrecen una alternativa para las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa y cuyos países de origen no colaboran en los procesos de repatriación.

Dobrindt rechazó que el proyecto sea comparable con el plan que impulsó Reino Unido para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, una iniciativa que finalmente no llegó a desarrollarse.

En la misma línea, Stocker aseguró que el modelo se aplicará en colaboración con la Comisión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Derechos humanos

El anuncio ha recibido críticas de organizaciones internacionales que cuestionan tanto la seguridad de las personas trasladadas como la colaboración con el Gobierno ruandés.

La investigadora de Human Rights Watch (HRW) Clementine de Montjoye recordó las denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión de la disidencia y malos tratos bajo custodia en Ruanda, así como las acusaciones de apoyo a grupos armados en la vecina República Democrática del Congo. A su juicio, financiar el programa podría contribuir también a reforzar políticamente a un Ejecutivo señalado por vulneraciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional también rechazó el acuerdo. Su experta Aimée Stuflesser advirtió de que enviar a personas a un país en el que nunca han estado puede poner en peligro sus derechos y calificó el proyecto de ilegal, inaplicable y costoso.

Por su parte, la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales recordó que cualquier acuerdo con un país tercero debe respetar las garantías fundamentales y alertó del riesgo de persecución. El organismo subrayó, además, que los menores extranjeros no acompañados no pueden ser deportados en el marco de estos mecanismos.

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