El PP pedirá nulidad del acuerdo entre Gondomar y Zona Franca

El PP de Gondomar prepara un recurso potestativo de reposición contra la ratificación del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo para desarrollar la Fase II del polígono industrial de A Pasaxe. El grupo municipal estudia solicitar la nulidad del acuerdo de ratificación y la paralización de su ejecución. También reclama la redacción de un nuevo convenio que incorpore los informes económicos que considera necesarios y revise las condiciones actuales.

La formación que encabeza Paula Bouzós sostiene que el convenio contempla la cesión del 100% del aprovechamiento urbanístico a la Zona Franca, cuando, según su interpretación, al Ayuntamiento le correspondería el 10% para incorporarlo al patrimonio municipal de suelo. El PP considera que esta circunstancia supone una pérdida de recursos para las arcas municipales.

Otro de los argumentos del recurso será la ausencia de un estudio de viabilidad económico-financiera previo. Según la nota del PP, el convenio fija un gasto plurianual de más de 5,4 millones de euros para expropiaciones y de 26 millones para la urbanización hasta 2029. Los populares señalan además que la Intervención Municipal advirtió de la falta de ese informe y cuestionan que la Zona Franca pueda paralizar la actuación si esta resulta deficitaria.

El grupo municipal también critica las condiciones previstas en caso de paralización de las obras. En concreto, señala que una de las cláusulas obliga al Ayuntamiento a indemnizar a la Zona Franca por los fondos invertidos si se considera que la paralización ha sido dolosa. El PP considera que la redacción puede generar incertidumbre sobre las consecuencias económicas de posibles retrasos o decisiones municipales. La formación popular reclama asimismo que el proyecto contemple las consecuencias sobre las personas y equipamientos afectados. Según el PP, el convenio no incluye una reserva económica ni alternativas habitacionales para la vivienda que deberá ser desalojada, ni una solución para el traslado del campo de fútbol, además de no haber incluido a la Comunidad de Montes.