La Xunta pide un traspaso de la AP-9 sin cargas ni deudas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle la vuelta a lo que la Xunta denomina “la propuesta inicial” de transferencia de la AP-9 a Galicia.

En la misiva, la conselleira indica al Parlamento de Galicia que aprobó hace menos de una semana una proposición que reafirma el posicionamiento de Galicia en relación con la transferencia de la AP-9. Los populares y la Xunta afirman que lo que quieren es el regreso al “acuerdo unánime” que propició la proposición de ley orgánica que se debate este mismo jueves en el pleno del Congreso.

La carta, enviada ayer, recoge los 12 apartados de la iniciativa aprobada hace seis días. En un primer punto, reclama respetar el texto aprobado por unanimidad en la Cámara gallega, “preservando la integridad de las competencias” reclamadas por la comunidad autónoma.

En un segundo apartado, requiere que la transferencia “no implique para Galicia la asunción de cargas económicas, deudas o compensaciones” derivadas de decisiones adoptadas previamente por distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9. El tercer punto insta al Gobierno central a garantizar que las bonificaciones actualmente vigentes continúen siendo financiadas por el Estado.

El cuarto precepto demanda dotar a la comunidad de los recursos económicos necesarios para ampliar las bonificaciones de los peajes de la AP-9, mientras que la quinta solicitud pide que el Ejecutivo financie, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, todas las actuaciones e infraestructuras comprometidas. La sexta demanda se refiere a que el Gobierno asuma consecuencias económicas derivadas de decisiones ajenas a la Xunta.

El séptimo punto reclama la supresión de la subida anual acumulativa del 1% de los peajes, mientras que el octavo propone una salvaguarda en caso de que se declarara la nulidad de las prórrogas de la concesión.

El noveno apartado pide garantizar que, en el momento en que se transfiera la competencia, tenga efectividad la transferencia de los medios humanos, materiales y presupuestarios necesarios para su gestión.

Un décimo apartado plantea que el Gobierno no supedite el alcance efectivo de la transferencia a futuras negociaciones bilaterales en la comisión mixta de transferencias que puedan limitar o desvirtuar el mandato aprobado por el Parlamento de Galicia.

El décimo primero busca que se reconozca la plena capacidad de la Xunta de Galicia para la gestión integral de la infraestructura, incluyendo la planificación, explotación, conservación y definición de la política tarifaria de la autopista.

Como última pretensión, la Xunta apela a que el Ejecutivo garantice la transparencia sobre las obligaciones derivadas de la concesión de la AP-9.