La Xunta busca poner freno a la reforma de la ley de costas
El Ejecutivo gallego propone crear un frente común de administraciones, empresas y expertos
La Xunta propuso impulsar un frente común entre administraciones públicas, empresas y expertos en el litoral para presentar alegaciones frente a la reforma del reglamento de costas
Esta fue la principal conclusión del grupo de trabajo constituido el martes a propuesta de la Xunta y de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Según indicó el Ejecutivo gallego en un comunicado, el objetivo es “sumar fuerzas” entre las “partes afectadas” para frenar una modificación que “es contraria a derecho y contribuirá a generar inseguridad jurídica”.
“Modifica la ley de costas por la puerta de atrás y, además, pretende extender la aplicación de la directiva de servicios europea a todas las actividad productivas del litoral, poniendo así en riesgo los derechos adquiridos durante años por las empresas y las personas que dependen de la costa”, apuntó la Xunta.
Primera reunión
De esta forma, en la primera reunión participaron la secretaria xeral técnica da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso; la secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Marta Barreiro; la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría; así como, miembros de la Comisión Mar-Industria de la CEG, de la Federación Galega de Municipios e Provincias y del Observatorio do Litoral de la Universidad de A Coruña.
Las representantes de la Xunta lamentaron que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, asegurase que la voluntad del Ministerio es escuchar a los ayuntamientos, cuando “desde el principio la reforma del reglamento se tramitó sin diálogo ni transparencia y la única forma de conseguir información fue por la vía de la presión y de la insistencia”.
Por su parte, las representantes de la Xunta explicaron que su “inquietud” ante los efectos de la reforma “es compartida por la Comisión Europea”.
En este sentido, indicaron que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, cuando viajó a Bruselas “pudo constatar” que las autoridades comunitarias “temen que el nuevo reglamento genere inseguridad jurídica y litigios posteriores”.
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