La Xunta amenaza al Gobierno con retirar la protección a víctimas de violencia machista
El conselleiro Diego Calvo advierte que servicios no autonómicos, como la protección de víctimas, podrían ser asumidos por el Estado si no hay avances con la Policía Adscrita
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha advertido que, si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones no autonómicas, señalando la protección de víctimas de violencia machista.
Calvo trasladó la preocupación de la Xunta ante la “falta de voluntad” del Gobierno para cubrir la plantilla de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), actualmente con 338 agentes, frente a la meta de 500 efectivos.
El conselleiro explicó que la Xunta ha mostrado su total disposición para avanzar en las negociaciones y lograr un acuerdo avalado por ambas partes, pero la falta de diálogo impide firmar un nuevo convenio.
La Xunta ya ha retirado agendas de sedes institucionales y advirtió que, ante la disminución de efectivos, no será posible garantizar servicios que no sean de competencia autonómica, que deberán asumir el Ministerio del Interior.
Posible retirada de servicios a víctimas
El Gobierno gallego recuerda que la protección en situaciones de violencia machista es exclusivamente competencia estatal, y Galicia es la única comunidad donde la Policía Adscrita colabora desde 2016 bajo un acuerdo de cooperación.
La propuesta de la Xunta consiste en mantener las condiciones vigentes para los efectivos actuales y que las nóminas de nuevas plazas se asuman según criterios del Ministerio, frente a la exigencia estatal de cofinanciación al 50%.
Calvo aseguró que la retirada de funciones no sería inmediata: “Si es necesario renunciar a más funciones lo haremos en tiempo y forma; no podemos prestar un servicio sin garantizar su calidad”, explicó.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, calificó las declaraciones de Calvo de “inaceptables” y denunció que usar a las mujeres víctimas como moneda de cambio en la negociación es una falta de responsabilidad grave.
Por su parte, la senadora socialista Carmela Silva exigió la dimisión de Diego Calvo y pidió al presidente Alfonso Rueda que explique si está de acuerdo con que las víctimas de violencia de género puedan quedar sin protección, calificando la situación de “escandalosa e inasumible”.
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