La vista oral por la Pokemon se abre tras 10 años de pesquisas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo decretó la apertura de juicio oral contra once investigados en la pieza principal de la denominada operación Pokemon, así como contra dos empresas, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa municipal por parte del Ayuntamiento de Lugo a la compañía asturiana Cechalva, en 2005, así como por la supuesta existencia de una “caja B” en la empresa para pagar los sobornos pactados. Entre las once personas que se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Lugo tras diez años de pesquisas figura el socialista Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo.

La Fiscalía lo acusa de cometer delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y violación de secretos por parte de un funcionario. Por ello, solicita que sea condenado a nueve años y medio de cárcel, al pago de una multa de 950.000 euros y a la inhabilitación para empleo o cargo público durante 32 años. En cuanto a la persona que supuestamente actuaba como “enlace” entre la empresa Cechalva y el político implicado, J.M.R., se enfrenta a una petición de siete años y ocho meses de cárcel por cometer supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y contable.

De los mismos delitos están acusados tres socios de la empresa (M.S.G., J.P.C.E. y J.L.A.A.), para quienes el fiscal exige, respectivamente, penas de prisión de siete años y ocho meses, seis años y tres meses, y dos años y tres meses. A J.E.C.L. y a A.P.V. les imputa un delito contable y otro de falsedad en documento mercantil, por los que solicita, para cada uno de ellos, dos años y tres meses de prisión. Otras dos personas investigadas están acusadas de cometer un delito de falsedad en documento mercantil, por el que se enfrentan, respectivamente, a una petición de seis meses y de un año y nueve meses de cárcel.

Por último, el Ministerio Público solicita tres años y medio de cárcel para un acusado de un delito de blanqueo de capitales; y, para otro sospechoso del mismo delito, cuatro años de prisión. Además, para cada una de las dos empresas implicadas, demanda el pago de una multa de 4.050 euros y la inhabilitación por un plazo de siete meses para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar en el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En el auto, la instructora confirma la libertad provisional de los investigados, pues explica que no han variado sus circunstancias con respecto al momento en el que se acordó la medida. En la resolución, debido a las responsabilidades pecuniarias en las que podrían incurrir los acusados, ordena requerirlos para que presten fianzas que oscilan entre 2.400 y 1.266.666 euros.