La transferencia de la AP-9 encalla en la refriega política

La semana arrancó con la AP-9 en punto muerto. Pero el mismo lunes, tras el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda valoró el texto que PSOE, BNG y Sumar habían pactado para desbloquear la transferencia de la Autopista del Atlántico. “Veremos si el desbloqueo es cierto y si lo está en los términos que acordó el Parlamento”, advirtió, exigiendo que el acuerdo cumpla las condiciones de la ley aprobada por unanimidad en el Pazo do Hórreo, en particular la supresión del incremento tarifario del 1% anual acumulativo durante veinte años pactado en la época de Zapatero. “O se cumple tal cual se acordó, o nuestra obligación será decir que no se puede aceptar porque está incompleto”, zanjó.

También el lunes, la conselleira María Martínez Allegue (Infraestruturas) añadió presión. Avanzó que el texto pactado en Madrid “difiere” del aprobado en la Cámara gallega.

El martes fue un día clave. La ponencia de la Comisión de Transportes del Congreso se reunió para validar el acuerdo. El pacto entre PSOE, BNG y Sumar incluía la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Xunta y establecía que el Estado conservará las obligaciones económicas derivadas de decisiones adoptadas durante su período de competencia, mientras que la comunidad autónoma asumirá las que se deriven de modificaciones posteriores al traspaso.

Apoyos nacionalistas

Recibió el apoyo de todos los grupos de la ponencia —además de Bildu, ERC, PNV y Junts—, mientras que PP y Vox votaron en contra. El texto seguirá su tramitación en la comisión y después en el pleno del Congreso, donde necesitará mayoría absoluta (176 votos) antes de pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría.

Los promotores celebraron el resultado. La diputada socialista Patricia Otero dijo que se había “abierto la puerta” al traspaso, y el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, consideró que “nadie” puede entender la oposición del PP a una demanda unánime del Parlamento gallego. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, habló de “nueva traición” del PP y criticó sus “pretextos formales”.

El miércoles, Ana Pontón elevó el tono desde Galicia. La portavoz del BNG pidió la comparecencia de Rueda, acusándolo de “boicotear acuerdos positivos” y resumió la situación con la frase: “Ni come ni deja comer”. Defendió que el acuerdo respeta lo aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego, aunque con distinta redacción.

Cruce de reproches

El viernes, el debate llegó al Parlamento gallego. El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, exigió volver al texto aprobado en el Pazo do Hórreo sin cargas para Galicia y llegó a pedir la dimisión de Pontón y Besteiro por su “incapacidad para defender los intereses de Galicia”. Calificó el acuerdo como un “pacto de traidores”.

El socialista Julio Torrado respondió acusando al PP de mostrar su “verdadera postura” y recordó que las bonificaciones actuales se lograron “sin el voto del BNG ni del PP”.

El debate deja un escenario de fuerte confrontación política: la transferencia avanza en Madrid con apoyos que excluyen al PP, mientras en Galicia el PP defiende el acuerdo original y BNG y PSdeG lo acusan de anteponer intereses partidistas al autogobierno.