La tasa turística no despierta interés en grandes concellos

Después de que la Xunta haya introducido en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos la habilitación normativa para la creación de la tasa turística, los concellos gallegos, con excepción de Santiago, descartan por el momento implantar este impuesto. Así, de las siete ciudades gallegas, tan solo la capital gallega ha confirmado que pretende aplicar este recargo a partir del próximo año. Desde el gobierno local de Compostela señalan que hasta que tengan la propuesta final de la ley, con las enmiendas, “es complicado comenzar a trabajar” en este tributo. Además, en su opinión, consideran que debería ser la Axencia Tributaria de Galicia quien lo recaude porque “eso ayudaría a que otros municipios quieran poner en marcha este impuesto”.

Con todo, otras localidades limítrofes a la capital gallega no se plantean aplicar esta tasa. En concreto, Teo y Ames descartan por completo establecer la tasa turística. En cuanto al resto de ciudades, en el norte, tanto A Coruña como Ferrol aseguran que por el momento no tienen previsto aplicar ninguna tasa de este tipo ni tienen en agenda esta cuestión.

En el sur, fuentes del Concello de Vigo han afirmado que, por el momento, no se pronunciarán al respecto, mientras que Pontevedra no tiene pensado aplicarla. Misma opinión muestran localidades de la costa gallega con afluencia turística, especialmente en verano, como Vilagarcía de Arousa, Baiona o Sanxenxo, que al menos de momento descartan la implantación de una tasa turística.

En la costa norte, otro de los ayuntamientos más turísticos de Galicia, como es el caso de Ribadeo, tampoco opta por el momento por emplear la opción que abre ahora la administración autonómica.

Cubrir gastos

Por el contrario, el municipio pontevedrés de O Grove sí que se ha mostrado dispuesto a aplicar esta herramienta. Para ello, buscarán una consultora que les ayude a obtener un informe sobre los ingresos y beneficios de esa tasa en la localidad y que permita “financiar los gastos en la época estival”, dice el alcalde, José Antonio Cacabelos. Y recuerda que “hace tiempo” que defiende esta tasa por “un problema de financiación en el concello”. “No tenemos especial interés en implantarla, pero debido a una serie de competencias que no son nuestras, que estamos asumiendo y que nos generan muchos gastos, la verdad es que cuadrar los presupuestos resulta complicado”, explicó antes de cuantificar en “cerca de un millón de euros” los gastos vinculados al verano para las arcas municipales. “Como vemos que hay otros servicios que no se van a financiar por parte de la Xunta, planteamos, para ofrecer los mejores servicios a turistas y a vecinos, la posibilidad de tener esa tasa turística”, expuso. El regidor manifiesta que espera tener “a lo largo de estos meses” el trabajo previo y, su intención, asegura, es “llevarla adelante” para aprobarla y poder tener “unos ingresos extra” que permitan “financiar los gastos en la época estival y todo lo que tiene que ver con duplicar o triplicar los servicios”.

Merelles recuerda a los alcaldes que será de aplicación voluntaria

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, informó esta semana a los concellos de que el marco legal para la puesta en marcha de la tasa avanza en su tramitación para ser debatida en el Parlamento; y recordó también que, en todo caso, es una medida voluntaria y será íntegramente gestionada, recaudada e inspeccionada por los concellos que decidan implantarlo. “No es en ningún caso una tasa turística para toda la comunidad porque la realidad turística actual no la hace necesaria, pero con esta ley daremos las herramientas a los concellos que lo piden y justifiquen para que se responsabilicen de su gestión y funcionamiento. Oficialmente solo la pidió Santiago”, remarcó Merelles.

Destino: inversiones

En este sentido, el director de Turismo de Galicia informó de las características principales que se incluyen en la Ley de Medidas de los Presupuestos de 2025 como, entre otras, que los ingresos obtenidos por este impuesto estarán afectados cuando menos en un 80% a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible, en la forma que se determine en la ley.

Además, los concellos que decidan establecer el recargo deberán aprobar, con carácter previo, una ordenanza fiscal en cuyo procedimiento de elaboración se justifiquen las razones de la exigencia del recargo, y se evalúe el impacto y eficacia.