El seguimiento de la huelga de jueces llega al 90% y sitúa a Ourense a la cabeza de España

Huelga en todos los juzgados de primera instancia. Huelga en los de instrucción, excepto uno. Huelga en los penales, con una leve puntualización. Huelga en los contenciosos y huelga en uno de los tres juzgados sociales. ‘Y la noticia: huelga en el 50% de la Audiencia provincial’, subrayó Antonio Piña, juez decano de Ourense y responsable en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), convocante del paro. En términos porcentuales, ‘el seguimiento alcanzó el 90%’ en la ciudad.

Eso significa que Ourense se erigió en la provincia gallega y española con más togados huelguistas, en tanto por ciento. ‘El seguimiento medio de la comunidad fue del 50%’, aunque el CGPJ lo rebajó en 20 puntos. ¿Explicación? ‘Algunos jueces consideran que tienen más que hacer que comunicar su decisión’, y en otros casos, el CGPJ ‘no computa los jueces sustitutos’. De hecho, cuando la APM hablaba de un seguimiento abrumador en Ourense, con una treintena de magistrados favorables a la causa, el órgano que los gobierna ‘hablaba de 16’.

La dinámica resultó ligeramente distinta en los juzgados de la provincia que en la capital. Los jueces de Ribadavia, Celanova, Xinzo, los dos de Carballiño y uno de Verín, pararon. Trabajaron los dos de O Barco, uno de Verín, y los de Bande y Trives. En huelga, pues, el 54%.

Faltaron los jueces y, como consecuencia de esa ausencia, faltaron los ciudadanos. Eso le otorgó a la huelga de magistrados una repercusión eminentemente visual. El monto que forman testigos, denunciantes, abogados, acusados, familiares y curiosos dejó de acudir. Los pasillos, los vestíbulos, las salas de vistas estaban vacíos. A primera hora, y en la punta. Todo lo demás, en su sitio. Los fiscales en sus sitio, que es trabajando, y las decenas de funcionarios en su sitio, trabajando en base a un horario. Un centenar de juicios menos que un jueves normal se notan incluso desde el puente de vigilancia de la Policía. Hasta el escáner funcionó a otro ritmo.

Alta litigiosidad

Poco antes de las 13.00 horas, el magistrado de la APM compareció para dar a conocer los datos de seguimiento y apercibir con ellos al Ministerio de Justicia. ‘Es necesario que reflexione’, señaló Piña, y advierta que el Plan de Modernización ‘es puro márketing’ y no da ‘una solución real a los problemas de la Justicia’. El plan, añadió, es sólo ‘un powerpoint’. Frente a ello, recomendó mirar a Europa, donde hay ‘25 magistrados por cada 100.000 habitantes; aquí tenemos 10’. Curiosamente, mientras en España se constatan 250 abogados por cada 100.000 habitantes, en Europa 125’. Es decir, ‘la litigiosidad es altísima’, por lo que ‘demandamos más medios para que el ciudadano no espere’.

Otra opinión mostró el representante de la asociación Jueces para la Democracia. Luis Villares aseguró que la situación de la Justicia ‘no avanzará más rápido por estar en huelga’.

La huelga, por la naturaleza de sus actores, discreta, casi silenciosa, no estaba llamada a interrumpir los ritmos de la población. En ese sentido no se distingue una huelga de jueces de una huelga de joyeros. Las vistas señaladas para el 8 de octubre habían sido aplazadas, en aquellos juzgados con intención de respaldar el paro, con cierta antelación. Eso evitó muchos desplazamientos en balde. Aún así, a primera hora pudo verse a una familia a las puertas del Penal 1. Cuando se les explicó la situación, pusieron cara de ahh, y se fueron sin exclamaciones. Al menos, por fuera.

Retraso del retraso

El perfil austero del paro, en esta ocasión convocado sólo por una de las cuatro asociaciones de magistrados, motivó que en plantas como la de Fiscalía, la última del edificio, algunas caras se extrañasen al hablar del paro de los jueces. ‘¿Huelga? No me había dado cuenta’, comentó una funcionaria.

En una esfera donde la carga de trabajo, y los asuntos pendientes, son ya de por sí máximos, la huelga significará un retraso del retraso. El que se vaya a recuperar la jornada perdida ayer en los próximos días ‘no supondrá gran cosa’, afirmaba un funcionario de penales. Precisamente en esta jurisdicción se celebró uno de los pocos juicios. Si en el Penal número 1 se suspendieron todos, en el número 2 se celebró uno y se aplazaron tres. Tres cuartos de huelga. El titular optó por mantener una causa de maltrato que ya había suspendida anteriormente.

Del respaldo de A Coruña a la nula incidencia en Vigo

El juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, cifró en un 42% el seguimiento de la huelga en esta provincia, lo que supone un descenso entre un 6 y un 7% respecto a la huelga convocada el 18 de febrero. Mandián reconoció también un descenso en el partido judicial de A Coruña, que en esta ocasión registró un seguimiento del 57%, frente a casi el 80% de febrero. El juez decano de A Coruña atribuyó el descenso en el número de jueces que secundaron en esta ocasión la huelga a las ‘trifulcas entre unas y otras asociaciones’.

En el caso de Lugo, Antonio Piña, como responsable de la APM en Galicia, explicó que la incidencia de la huelga de los magistrados fue ‘relativa’ puesto que ‘están en fiestas y es muy alto el número de gente que estaba de permiso’, aunque destacó que en las poblaciones existe una ‘incidencia relativa’. En Santiago y Ferrol hubo ‘un 50 por ciento’ de jueces que posicionaron a favor del paro, mientras que en Vigo ‘fue muy escaso el apoyo’.

Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el paro obligó a suspender 84 señalamientos y actuaciones judiciales en la comunidad. Ello situaría la participación al 32%.

El acusado que también se sumó al paro

El Juzgado de lo Penal número 2 acogió la única vista oral convocada en esta jurisdicción, en donde el absentismo fue ejercido por el acusado, Daniel Augusto S.C., al que según su abogado la Guardia Civil había situado, por última vez, en O Barco. Su incomparecencia no fue óbice para que no se le juzgase, dado que la pena que para él solicitaba el fiscal no superaba los dos años de prisión. El fiscal le imputó un delito de malos tratos en el ámbito familiar, por unos hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2007. Aquel día, sobre las 22.30 horas, el acusado comenzó a discutir con su novia en las proximidades del Hospital Comarcal de Valdeorras. En el transcurso del altercado, le propinó cuatro bofetadas y le pegó un puñetazo en el hombro, sin llegar a causarle lesiones. El Ministerio Público solicitó una pena de seis meses de prisión y prohibición de acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima durante ano y medio. La víctima también se ausentó del Pazo de Xustiza, aunque compareció por videoconferencia.