Rueda reclama al Gobierno una comisión para negociar el traspaso de la AP-9

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que han solicitado al Ejecutivo central la convocatoria de una comisión bilateral para "discutir" y "tratar de resolver las diferencias" en torno a la ley de traspaso de la AP-9. El objetivo es cambiar las condiciones fijadas por la norma antes de negociar la transferencia de la Autopista del Atlántico.

Se solicita una comisión bilateral, y no una comisión mixta de transferencias, porque esta última negociaría el traspaso "en las condiciones fijadas por la ley", pactadas por PSOE, BNG y Sumar, con las que la Xunta discrepa.

"Discrepamos de estas condiciones de la ley y lo que queremos en la comisión bilateral es discutir el cambio. La negociación no se puede hacer a cualquier precio. Tiene que ser en condiciones justas y los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia", ha defendido.

El presidente sostiene que los términos de la ley, aprobada en el Congreso y publicada en el BOE el pasado viernes, incorporan condiciones distintas a las pactadas por unanimidad en el Parlamento de Galicia, lo que daría lugar a una transferencia que considera "inaceptable y perjudicial para los intereses de Galicia".

Informe jurídico: dudas de constitucionalidad

La decisión se basa en un informe jurídico, que concluye que la norma incorpora "modificaciones sustanciales" respecto al texto aprobado por el Parlamento gallego y que "presenta dudas de constitucionalidad", ya que no transfiere directamente las competencias, sino que deja su atribución a un posterior acuerdo de la Comisión Mixta.

La Xunta considera que, aunque la ley mantiene formalmente la transferencia de la autopista, traslada a la futura Comisión Mixta la definición de cuestiones esenciales, especialmente el alcance de las competencias y los deberes económicos que asumirá el Estado.

El informe sostiene que una ley orgánica de transferencia debe fijar directamente el contenido esencial del traspaso y que la Comisión Mixta debe limitarse a ejecutar ese mandato mediante el traspaso de medios personales, materiales y presupuestarios, además de fijar la fecha de efectividad.

"La comisión bilateral tiene que ser anterior a cualquier otro paso", incluyendo la Comisión Mixta de Transferencias, ha subrayado Rueda.

Incertidumbre financiera

La Xunta también advierte de que la nueva redacción introduce incertidumbre financiera al supeditar determinados compromisos económicos del Estado a los límites existentes en el momento del acuerdo de la Comisión Mixta, una referencia que no figuraba en el texto aprobado por el Parlamento de Galicia.

Además, el informe destaca que desaparece la garantía expresa de que el Estado asumiría íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, previsión que sí recogía la propuesta impulsada desde Galicia.

Por ello, la Xunta solicita abrir una negociación en el seno de la Comisión Bilateral para lograr "una transferencia completa, jurídicamente segura y financieramente suficiente".

El Gobierno gallego reivindica que siempre ha defendido que la AP-9 debe transferirse libre de cargas, con el Estado asumiendo los costes derivados de decisiones adoptadas durante el período en que fue titular de la autopista y garantizando los recursos necesarios para su gestión futura.