Rueda y Azcón reclaman una financiación justa para todos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y su homólogo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, suscribieron ayer un documento en el que apuestan por retomar y actualizar la Declaración de Santiago, suscrita en 2021 junto a las Comunidades Autónomas de La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, a las que van a trasladar de forma inmediata este nuevo acuerdo, en un momento en el que la reforma del sistema de financiación autonómica es “más necesaria que nunca” y como respuesta a los “privilegios” a Cataluña.

Así lo anunciaron ambos mandatarios después de que Azcón recibiera al presidente gallego en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza. A continuación, se trasladaron a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y Rueda se reunió con la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

En su encuentro, que supone la primera visita oficial de un presidente autonómico desde que Azcón lidera el Ejecutivo, también abordaron otras cuestiones relacionadas con la sanidad, la inteligencia artificial, la energía o el turismo. Los dos presidentes autonómicos destacaron los lazos que unen a Aragón y a Galicia, principalmente por las características de su territorio y de su población -gran extensión, dispersión y envejecimiento- y calificaron la reunión como “muy provechosa”.

En concreto, el documento firmado consta de cinco puntos en los que reafirman la “plena vigencia” de la Declaración de Santiago, constatan que no se produjeron “avances significativos” desde entonces y que se ofrecieron concesiones a determinadas Comunidades que constituyen “agravios”, el rechazo a cualquier tipo de financiación privilegiada negociada de forma bilateral y la necesidad de un nuevo sistema que respete la igualdad y solidaridad.

Coste de los servicios

La principal exigencia acordada por los líderes de los ejecutivos aragonés y gallego, que van a trasladar a las otras seis Comunidades firmantes de la Declaración de Santiago, es la de que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios. En este sentido, Azcón subrayó que Aragón cuenta con 745 centros sanitarios por cada millón de habitantes, cuando la media española es de 275, y que Galicia aglutina el 13% de los centros de salud de todo el país.

En el ámbito educativo, la comunidad aragonesa cuenta con 433 colegios por cada 100.000 alumnos, una cifra que en Galicia aumenta hasta los 454 centros, frente a los 346 de la media nacional. “Necesitamos muchas infraestructuras y equipamientos para prestar servicios de calidad en comparación con otras Comunidades Autónomas”, ha remarcado Azcón.

En sus palabras, la Declaración de Santiago “sigue vigente” en la actualidad ya que no sólo no se produjeron avances significativos desde 2021, sino que el Gobierno de España impulsó “grandes concesiones que dinamitan los principios de igualdad y solidaridad”, en referencia a la financiación singular para Cataluña y la condonación de la deuda.

Por tanto, lo suscrito ayer mantiene “los mismos principios, los mismos valores y la misma filosofía” que lo acordado en 2021 en la capital gallega, cuando ninguno de los presidentes firmantes “podía imaginarse lo que iba a ocurrir”. En palabras del presidente aragonés, el nuevo sistema debe incluir “más dinero”, debe negociarse de forma multilateral y debe respetar los principios de igualdad y solidaridad. Dicha actualización tiene que ser “urgente e inmediata”, frente a los “privilegios” que está dispuesto a conceder el Ejecutivo central.

Por su parte, Alfonso Rueda reiteró que el documento suscrito en Zaragoza pone “negro sobre blanco” sobre muchas cuestiones sobre las que llevaban hablando “en los últimos meses”. Recordó que, pese a que algunas de las autonomías de la Declaración de Santiago cambiaron su signo político, los problemas “no sólo se mantienen, sino que se han agudizado”. “Lo que es de todos se discute entre todos”, sin negociaciones bilaterales que “excluyan a los demás”, recalcó.

El principal blanco de las críticas de ambos dirigentes fue la condonación de la deuda pactada entre el PSOE y ERC. Rueda, que defendió que Galicia mantiene unos índices de endeudamiento “muy razonables”, recalcó en que “la deuda no desaparece, hay que repartirla entre todos” y en que es “un negocio ruinoso” para la mayoría de las autonomías.