El PSOE frena el traspaso de la titularidad de la AP-9

El PSOE plantea transferir a Galicia competencias sobre la administración y explotación de la AP-9, pero no la titularidad de la infraestructura, según sus enmiendas a la ley orgánica en trámite en el Congreso. El partido sostiene que esta medida es “para garantizar que se siga aplicando el esquema de bonificaciones amplio y equilibrado”, manteniéndose la titularidad por parte del Estado.

Las enmiendas socialistas incluyen la posibilidad de que Galicia proponga informes previos ante cambios en la concesión que afecten tarifas, plazos o bonificaciones, así como incoar expedientes para sancionar incumplimientos de la concesionaria, aunque la resolución final corresponderá al Estado, “una vez oída” a la Comunidad. También se contemplan modificaciones sobre el régimen económico-financiero de la autopista, incluyendo peajes y descuentos.

Asimismo, el PSOE propone que la transferencia de competencias se formalice a través de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta, y elimina artículos sobre la titularidad total de la autopista. Se añaden apartados que establecen excepciones al traspaso de competencias en caso de incumplimientos previos o por parte de la Xunta.

Por su parte, Sumar no modifica el articulado, pero subraya en la exposición de motivos que la “penalización” de los usuarios por los peajes se vio agravada por las prórrogas de la concesión de los gobiernos de Aznar y Rajoy, que autorizaron incrementos y ampliaciones del plazo.

Además, Sumar introduce medidas para proteger a las mariscadoras durante periodos de inactividad forzosa y reconoce coeficientes reductores a trabajadores de exterior en labores mineras de riesgo. Aunque estas enmiendas no guardan relación directa con la AP-9, se presentan como vía para abordar cuestiones de especial relevancia para Galicia.

"Voz" para la Xunta

El PSOE también insiste en que estas modificaciones permitirán a la Xunta tener voz en decisiones estratégicas sobre la autopista, incluyendo cualquier cambio que afecte a la explotación o administración. La propuesta busca asegurar que los beneficios sociales y económicos derivados de la AP-9 se mantengan equilibrados y accesibles para los usuarios.

Se pretende que la gestión autonómica aumente la transparencia y la participación en la supervisión de la concesión, reforzando la colaboración entre el Estado y Galicia, y al mismo tiempo dar mayor capacidad de intervención frente a cualquier irregularidad.

Además, los socialistas destacan que estas enmiendas no alteran la titularidad del Estado, pero sí buscan dar un marco claro de competencias y responsabilidades que hasta ahora no existía de manera concreta, mientras se respetan los compromisos contractuales previos. Esto permitiría agilizar trámites administrativos y garantizar una respuesta más rápida ante posibles incumplimientos de la concesionaria.

En conjunto, el PSOE plantea una gestión compartida que mantenga los beneficios para los usuarios, evite arbitrariedades en tarifas y bonificaciones, y al mismo tiempo refuerce el control y la capacidad de acción de la Xunta, sin que la titularidad del Estado se vea comprometida.

Defienden una transferencia que asegure “bonificación de peajes”

El Grupo Socialista destacó que su propuesta busca una transferencia de competencias de la AP-9 que “garantice las bonificaciones de los peajes”, sin ceder la titularidad de la infraestructura. La diputada Patricia Otero subrayó que el cierre del plazo de enmiendas permitirá que la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible “estudie cuestiones que muestran cierta complejidad con respecto de la transferencia”, incluyendo las implicaciones de la concesión y el sistema de bonificaciones vigente.

Otero recordó que el contexto cambió desde los primeros debates sobre la AP-9, con la introducción de bonificaciones por el Gobierno central y el análisis de la prórroga de la concesión hasta 2048 por la Unión Europea. También ha resaltado que la AP-9 es “una vía de continuidad en otro país”, aspecto considerado por todos los gobiernos anteriores.

El PSOE enfatiza que cualquier traspaso requiere un estudio minucioso para “garantizar que cualquier transferencia se haga con seguridad jurídica, con viabilidad y sin poner en riesgo los compromisos económicos ni los servicios que hoy dependen del Estado”, en respeto a la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Además, el partido destaca que, a diferencia de gobiernos anteriores, el Ejecutivo actual subvenciona hasta el 75% del coste del tránsito, beneficiando a los gallegos con más de “80 millones al año” en bonificaciones.