Un prototipo pionero medirá la potencia del oleaje gallego

La Xunta dio ayer en el Consello luz verde a una iniciativa para testar la potencialidad de la energía maremotriz (la que aprovecha el ascenso y descenso de las mareas) en enclave ubicado en Punta Langosteira (Arteixo), donde se ubica el Puerto Exterior coruñés. El Gobierno gallego licitó el contrato para diseñar “el primer prototipo flotante en España” para monitorizar el mar con el objetivo de estudiar la posibilidades de producir energía a partir de las olas del mar y las mareas. El Ejecutivo autonómico anunció así la contratación del proyecto Innomar, una iniciativa promovida por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la Consellería de Economía e Industria.

La infraestructura servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones marinas y evacuar a tierra la energía generada por las olas y las corrientes, consolidando el papel de Galicia como territorio estratégico en el desarrollo de energías renovables marinas. Con un presupuesto de 5,7 millones, cofinanciados en un 60% por el Feder a través del Programa plurirregional de España 2021-2027, el proyecto se enmarca en la línea de compra pública innovadora (CPI).

Su objetivo es diseñar y validar un multiconector flotante sensorizado capaz de conectar distintos prototipos de generación eléctrica marina y canalizar la energía producida a través de una única línea de evacuación. Además de su función energética, el sistema permitirá recoger datos en tiempo real sobre viento, oleaje, corrientes y mareas, así como variables ambientales vinculadas a la biodiversidad del medio marino, reforzando así su dimensión científica y tecnológica. La zona experimental de Punta Langosteira, considerada la segunda del mundo con mayor concentración de energía de las olas tras la costa sur de Gales, se consolida como enclave estratégico para testar estas tecnologías.

La comunidad se personará contra el recurso a la eólica y a la dependencia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico va a personarse ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de la comunidad gallega frente al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra diversos preceptos de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de Galicia de 2025. Una actuación que supone la paralización del Plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad, así como del Plan de repotenciación de la energía eólica impulsados por el Gobierno gallego, algo que calificó de “injusto, contraproducente y perjudicial”.

En lo que respecta al recurso contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad, este tiene como consecuencia inmediata la suspensión del Plan de choque puesto en marcha hace un año por la Xunta de Galicia, con el que se estaba consiguiendo el doble objetivo para el cual se diseñó: incrementar el número de personas atendidas y hacerlo en el menor tiempo posible.

De hecho, tal y como recordó Rueda, “más de 12.600 gallegos con dependencia” obtuvieron en los últimos doce meses el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de someterse a una nueva valoración. El recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez pone fin a este mecanismo, por lo que la Administración autonómica ya no podrá seguir homologando automáticamente la discapacidad a las personas que ya tengan la dependencia, a pesar de tenerse ampliamente comprobado que existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad.

Así pues, la actuación del Gobierno central supone un paso atrás en la agilización y mejora de la atención, pues deja sin efecto las medidas de simplificación de los procedimientos introducidos por la Xunta.

Rueda anuncia la nueva Ley de aprendizaje permanente para una formación de por vida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Consello aprobó ayer iniciar los trámites para la nueva Ley de aprendizaje permanente de personas adultas que busca “adaptar la formación continua a los cambios sociales, tecnológicos, académicos y laborales” registrados en las últimas décadas.

El nuevo texto, que va a suponer un cambio completo de enfoque en las enseñanzas para la ciudadanía de 18 o más años, sustituirá la Ley de educación de adultos, de 1992 para adaptarla “a las nuevas realidades”, indicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, quien destacó que se trabaja con el objetivo “de poder enviar el texto al Parlamento a inicios de 2027”.

Tal y como explicó el presidente, hasta ahora, la ley se centraba en que un adulto pudiera obtener un título de enseñanza básica después de no lograrlo en sus años de escolarización obligatoria. “Este ya no puede ser el objetivo principal porque la gran mayoría de la población ya cuenta con esta formación”, destacó. Por eso, la futura norma se fija como objetivo la formación permanente a lo largo de la vida, de manera que una persona pueda calificarse, recualificarse y tener así nuevas oportunidades de trabajo en cualquier momento que lo precise.

"Un viejo paradigma"

“Dejamos atrás un viejo paradigma. Estamos en una transición hacia un aprendizaje permanente que busca una población más preparada para hacer frente a los retos del mercado de trabajo y de la sociedad actual”, resaltó el conselleiro.

Los datos explican la necesidad de este cambio de enfoque. Solo teniendo en cuenta la oferta formativa no universitaria de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, se observa que en los últimos años se alcanza una matrícula de 62.000 personas, que supone un 24,43% más comparado con el año previo a la pandemia, el curso 2018/19. Ahora bien, existen importantes diferencias en función de la tipología de enseñanzas en este ámbito. Así, Galicia se alinea además con los objetivos de la UE, establecidos en el Plan europeo de aprendizaje de personas adultas 2030, y en el Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, que establece que por lo menos el 60% de los adultos participen anualmente en actividades de formación continua.