El PPdeG insiste en cambiar la ley de traspaso de la AP-9

El portavoz de Infraestruturas del Grupo Popular, Roberto Rodríguez, advirtió ayer de que la transferencia de la AP-9 será una de las principales materias pendientes en el arranque del nuevo curso político e insistió en que debe materializarse respetando “escrupulosamente” el acuerdo unánime aprobado por el Parlamento de Galicia, ya que la “estafa del acuerdo de PSOE y BNG puede llegar a costar 4.000 millones de euros a los gallegos”. Así lo manifestó, en rueda de prensa, en relación a la ley pactada por socialistas, BNG y Sumar, que salió aelante en el Congreso de los Diputados. Además, resaltó que la comisión bilateral que demanda la Xunta para abordar el texto es “una oportunidad para corregir” dicho texto.

Rodríguez subrayó que “la AP-9 ni es gallega ni mucho menos gratuita” y denunció que, en 2026, los gallegos “pagan los peajes más altos de la historia de esta autopista, que se volvió a convertir en la más cara de España y en una de las más caras de Europa”. Frente a ello, indicó que el Gobierno de Pedro Sánchez “decretó la gratuidad de más de 1.000 kilómetros de vías de pago en el resto de España”, mientras Galicia “sigue pagando por una infraestructura que recorre íntegramente el territorio gallego”.

El portavoz popular recalcó que, durante 16 años, “existió unanimidad en el Parlamento de Galicia” para reclamar una transferencia de la AP-9 libre de cargas”, una posición compartida que, denunció, “PSOE y BNG rompieron en mayo al apoyar en Madrid un acuerdo que rebaja y deja sin garantías las condiciones aprobadas por la Cámara gallega. El BNG quiere para Galicia lo que los nacionalistas catalanes no quieren para Cataluña”, afirmó Rodríguez, quien calificó el acuerdo de “traición al acuerdo unánime de este Parlamento y una estafa a Galicia y a los gallegos”.

Entre otras cuestiones, indicó que se trasladan a una futura Comisión Mixta de Transferencias aspectos esenciales que deberían quedar determinados por la propia ley, como el alcance de las competencias, nuevos tramos o nuevas bonificaciones. Además, “desaparecen las garantías para que el Estado asuma las actuaciones e infraestructuras ya comprometidas y las que pudieran ser necesarias en el futuro, así como los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones”.

Advertencias

Rodríguez advirtió también de que se elimina el deber estatal de “asumir las consecuencias económicas de las decisiones” que no sean responsabilidad de Galicia, la supresión del incremento acumulativo del 1% anual de las tarifas durante 20 años y la cláusula de garantía ante una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión”. Rodríguez se refirió a la solicitud de la Xunta -ya avanzada por el presidente gallego, Alfonso Rueda- de convocar la Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado, con el objetivo de “aclarar y resolver las discrepancias” existentes entorno a la ley de transferencia de la AP-9.