La "negativa injustificada" a vacunarse conllevará multas

El Parlamento de Galicia aprobó, con los votos a favor del PP y los de BNG y PSdeG en contra, la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la "negativa injustificada" a la vacunación. Los partidos de la oposición critiaron esta "vacunación obligatoria" por considerar que solo servirá para "dar alas a los negacionistas" de la pandemia, mientras el PP rechazó esa "supuesta obligatoriedad", ya que asegura que solo se podrá establecer "en circunstancias muy concretas".

Esta reforma de la Ley de Salud de 2008, promovida por el Gobierno gallego pero presentada como proposición de ley por el PPdeG, establece como sanciones muy graves, con multas de más de 60.000 euros, los incumplimientos de la obligación del usar la mascarilla o la "negativa injustificada" a la vacunación "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población". También la "falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento" o de la "obligación de cuarentena" de forma "repetida o reiterada", según figura en el texto elaborado frente a la actual pandemia motivada por el covid-19.

Medidas preventivas

Además, faculta a las autoridades sanitarias, en cada caso, a "adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población". Estas restricciones pueden ir desde la incautación de productos, hasta el cierre de empresas, la limitación de horarios u ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales, así como medidas de control de personas enfermas y sometimiento a tratamiento o a cuarentena, entre otras.

Las medidas se adoptarán "de forma motivada, tras evaluar los principios científicos" y siguiendo "el principio de precaución", pero podrán establecerse "aunque siga existiendo riesgo de incertidumbre científica" cuando "se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población".

Para el diputado del PSdeG Julio Torrado esta reforma es un "dislate absoluto" porque incluso "su encaje legal es más que discutible", ya que restringe derechos y libertades individuales que solo competen a la normativa estatal, aparte de pretender instalar "un estado de excepción permanente".

Desde el BNG, la parlamentaria Iria Carreira consideró durante su intervención que el problema para la población gallega "no es que no quiera vacunarse sino que no puede" porque no hay suficiente vacunas que ponerles.

Por su parte, la diputada del PPdeG Encarnación Amigo argumentó que "esa supuesta obligatoriedad de las vacunas" no es tal, sino que en el texto figura, al respecto, solo un "podrá, en circunstancias muy concretas", e instó a la oposición a apoyar la reforma y no ponerse del lado de los negacionistas. Defendió que el PPdeG con esta reforma intenta "cubrir las lagunas y carencias de la legislación vigente para luchar mejor contra la pandemia" ante la "inacción" del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que cree que la oposición gallega está defendiendo.

El plan de apoyo a la reactivación recibe el visto bueno de la Cámara

La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento gallego permitió ayer la aprobación definitiva de la Ley de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica pese al rechazo de los grupos de la oposición -BNG y PSdeG- que consideraron que está redactado para favorecer los intereses de las grandes empresas. Tanto nacionalistas como socialistas criticaron el trámite de urgencia empleado para sacar adelante esta norma que, a su parecer, pese a ser anunciada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, finalmente fue registrada por el grupo popular “para evitar la respuesta social” y conseguir saltarse informes previos en una actuación que ha sido un “atropello democrático”.

La norma, entre otras cuestiones, apuesta por la simplificación administrativa y contempla acortar los plazos en la Administración autonómica para la tramitación de proyectos empresariales que se impulsen en la Comunidad. También incluye instrumentos específicos de financiación y la exención o bonificación parcial de tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados por la compra de inmuebles para acometer inversiones.

Para el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, está nueva legislación es una fórmula para “ganar la pandemia económica” y, por ello, ha lamentado que los grupos de la oposición se descuelguen de este objetivo aunque les ha asegurado que en su grupo “vamos a seguir con nuestra tarea con ustedes o sin ustedes”.