Montero descarta que Galicia reciba 20.000 millones en el nuevo modelo de financiación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desestimó la propuesta del BNG para que Galicia reciba 20.000 millones de euros en el nuevo modelo de financiación autonómica, argumentando que ello supondría “demoler” el conjunto del Estado en pocos años.

Durante la sesión de control del Gobierno en el Congreso, el diputado gallego Néstor Rego expuso su planteamiento, defendiendo un sistema de concierto económico para Galicia. Según el parlamentario, “el régimen común se basa en la necesidad, mientras que el de concierto lo hace en la capacidad, y Galicia la tiene”.

Montero evitó debatir sobre el concierto económico propio, aunque criticó que Rego hablara de déficit fiscal “al modo de ‘España nos roba’”, recordando referencias de la etapa del procés en Cataluña.

Tras rechazar la propuesta de 20.000 millones, la ministra apeló a avanzar hacia un modelo “razonable” que permita a todas las comunidades mejorar su financiación, y se mostró abierta a dialogar sobre apoyo al tejido productivo o a la Defensa, destacando el papel de Navantia en Galicia.

Propuesta general del Gobierno y consenso autonómico

Montero reiteró desde el Senado la necesidad de consenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Señaló que “no hay un modelo que pueda satisfacer a todos ni un traje a medida para un territorio”, y apeló a salir de posiciones de máximo para negociar la reforma del sistema de financiación autonómica.

La ministra adelantó que la propuesta del Ejecutivo se basará en un modelo para las 15 comunidades de régimen común, respetando las singularidades de cada territorio. También se incorporarán mecanismos de bilateralidad, con el objetivo de garantizar una mayor equidad entre las regiones mejor y peor financiadas.

Montero destacó que se trabajará todas las variables en los próximos Consejos de Política Fiscal y Financiera, con la intención de lograr un acuerdo equilibrado que beneficie al conjunto del Estado y no perjudique a ninguna comunidad autónoma.