Liñares, condenado a 5 años por cohecho y prevaricación

La sección segunda de la Audiencia de Lugo condenó a cinco años de cárcel por cohecho y prevaricación al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y exconcejal socialista del Ayuntamiento lucense Francisco Fernández Liñares, que fue juzgado junto a nueve empresarios, de los cuales ocho también han sido condenados por estos mismos delitos, pero a un año y tres meses de prisión. El tribunal también le impuso a Liñares la inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público durante 20 años, así como el pago de una multa de 7.200 euros, según la sentencia que difundió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De esta manera, los magistrados consideran acreditado que el acusado, entre 2009 y 2012 adjudicó contratos de obras a sociedades, con cuyos representantes se había puesto de acuerdo, a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus fincas particulares. Para los ocho empresarios condenados, que durante el juicio reconocieron pagos de cuantías a Liñares a cambio de las adjudicaciones de obras que recibían de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el tribunal también impuso seis años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis meses de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con entes u organismos que formen parte del sector público. Además, el tribunal falló que estos empresarios, durante un año y nueve meses, no podrán gozar de los beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social.

Las penas impuestas coinciden con la petición final que realizó la Fiscalía en el plenario del juicio salvo en el caso del noveno empresario, el único que no reconoció los hechos. Ese apoderado de una empresa, cuyo abogado fue el único -al margen de la defensa de Liñares- que pidió nulidad de pruebas y siguió una línea argumental diferente, negó haber entregado cuantías a Liñares. El tribunal lo absolvió por "falta de pruebas", ya que la parte de la instrucción que correspondía con él fue anulada.

Esta es la primera pieza separada de la macro operación bautizada como Pokemon que instruyó Pilar de Lara y que juzgó las comisiones que cobraba o recibía por parte de empresarios que, a cambio, obtenían concesiones de obras de la Confederación.

entregas de dinero

Los propios empresarios acusados explicaron la dinámica de adjudicaciones y de entregas de dinero. Así, las declaraciones hechas "ponen de manifiesto una misma mecánica de actuación, tanto en las ofertas con invitaciones como en la intervención del presidente de la CHMS en la realización de las ofertas y, asimismo, en el concierto de pagos a cambio de obras".

Además, los magistrados indican que las intervenciones telefónicas y los seguimientos realizados durante la investigación "ponen a las claras las relaciones habidas entre el presidente de la confederación y los acusados". Los letrados señalan que el condenado, cuando ejercía de presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, adjudicaba las obras mediante procedimientos pactados de antemano con las empresas que se presentaban a la licitación. n