La ley de la AP-9 enfrenta su primer examen en el Senado

La Comisión de Transportes del Senado abordará hoy la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia. El PP usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar varias enmiendas para recuperar el “espíritu” de la norma que salió del Parlamento de Galicia.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica. Hoy se reunirá la Comisión de Transportes para incluir modificaciones del PP en la ponencia de la norma.

La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas en el Congreso, que finalmente fueron rechazadas. De este modo, populares por un lado y PSOE y BNG por otro se acusan mutuamente de “traicionar” a los gallegos con sus posturas.

Sin embargo, el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y aprobará estas mismas enmiendas durante su tramitación en la Cámara Alta, aunque el texto volverá al Congreso para que se pronuncie sobre los cambios.

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Comisión mixta

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9. Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión.

La Xunta alerta de que no puede asumir la factura del traspaso

El pasado 26 de junio, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avisó de que la Xunta “no puede admitir” la transferencia de la AP-9 aprobada por el Congreso de los Diputados y pactada entre el PSOE, Sumar y BNG, y la defendió “tal y como fue aprobada en el Parlamento de Galicia”.

“Nosotros queremos una transferencia, pero la queremos, si se me permite la expresión, financiada, que no suponga prejuicios económicos que tengan que pagar los gallegos cuando no nos corresponde”, aseguró en declaraciones a los medios, preguntada por la posición del Gobierno gallego.

La responsable autonómica criticó que el texto aprobado “varía en mucho” respecto al acordado por el Parlamento de forma unánime. El nuevo, en sus palabras, “no recoge” el 1 % tarifario anual a aplicar hasta el 2038 ni que las “posibles consecuencias” de la nulidad que está dictaminando la Comisión Europea “sean asumidas por el Gobierno central”. “Por supuesto, eso no lo vamos a aceptar”, advirtió.

Allegue subrayó que la comunidad “por supuesto” quiere gestionar la principal arteria de comunicación gallega, pero advirtió de que las arcas autonómicas no pueden “asumir una carga hipotecaria de 4.000 millones de euros”.

Populares y socialistas gallegos se acusaron mutuamente en el Parlamento de Galicia de “traicionar” a Galicia con sus posturas sobre el traspaso de la AP-9.