Una jurista ve causa de nulidad en la prohibición de cazar lobos

Una jurista experta en derecho medioambiental alertó de que la normativa que extiende la protección del lobo ibérico y prohíbe su caza recreativa al norte del Duero incumple principios básicos, al no incluir una memoria económica con partidas para compensar los daños. La letrada Pilar Martínez sostuvo que la norma estatal por la que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) incumple “principios básicos que la vician de nulidad”, según un comunicado de su despacho. A su juicio, es necesario que la norma incluya una memoria económica con partidas presupuestarias para compensar o indemnizar a los afectados por su entrada en vigor.

La abogada recordó que el cambio de estatus del lobo ibérico puede perjudicar la actividad agrícola y ganadera de provincias como Zamora, que cuenta con una de las mayores poblaciones de la especie en la Sierra de la Culebra. La letrada, con más de treinta años de experiencia en derecho medioambiental, ha sostenido que la orden aprobada el 20 de septiembre vulnera los principios de “proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación y audiencia en su elaboración”.

Martínez añadió que no puede sostenerse, como señala la propia orden en su exposición de motivos, que no contenga ninguna carga administrativa y no supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos disponibles por la Administración General del Estado. Recordó que otras normativas también se declararon posteriormente nulas cuando se constató que eran desproporcionadas y añadió que faltan estudios científicos y técnicos rigurosos que avalen la necesidad y eficacia de la propuesta. Además, consideró que existe en la norma una ausencia de justificación de verdaderos procesos de participación de los intereses afectados en la elaboración, como exige el derecho medioambiental.