La juez lucense Pilar de Lara se inhibió de su investigación en el año 2014

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela dictó el sobreseimiento de la causa que investigaba la supuesta financiación ilegal del PSOE de Santiago de Compostela, una pieza derivada de la Operación Pokemon, dada la prescripción de los hechos. Así lo recoge el auto firmado por la juez titular, Evangelina Belso, conocido ayer, y que declara, así, "extinguida la responsabilidad criminal" de los investigados en esta pieza, entre ellos el exconcejal socialista Bernardino Rama.

La causa investigaba la supuesta "emisión de facturas ficticias" por parte de la empresa Imprenta Ibérica a nombre, entre otras, de Aquagest, unos documentos en los que figurarían trabajos no realizados para cubrir una supuesta financiación ilegal del PSOE local. La pieza fue separada de la Pokemon, de la que deriva, en el año 2014, pero no fue remitida a los juzgados de Santiago, competentes para su instrucción, hasta mediados del año 2018. Ya en ese momento, el que era titular del número 3, Andrés Lago, devolvió los 77 tomos de esta pieza a Lugo, alegando que había prescrito el periodo para realizar nuevas diligencias.

Aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia regresó el caso a Santiago, estableciendo que era de su competencia, el periodo transcurrido sin nuevas actuaciones derivó, finalmente, en la decisión del nuevo titular del número 3 de archivarlo.

Lo hizo de acuerdo con un informe de la Fiscalía, que también se mostró partidaria del sobreseimiento, después de que la causa no haya registrado nuevas actuaciones desde hace cinco años. El propio auto de la juez establece que los hechos "han de considerarse prescritos" al "haber transcurrido el plazo" legalmente previsto para su enjuiciamiento incluso "antes de que el procedimiento se dirigiese contra los investigados", con respecto a las facturas datadas del año 2007. En el caso de las facturas datadas de 2011, explica, el sobreseimiento se basa en que la causa "ha estado paralizada durante más de cinco años", desde que la juez Pilar de Lara se inhibiese en 2014.

Esta decisión se produce una semana después de que la Fiscalía de Lugo propusiese dividir la causa de la Operación Pokemon, que arrastra casi ocho años de instrucción, según las "distintas tramas existentes", correspondientes a los diferentes procedimientos de adjudicación de obras y servicios, de forma que se instruyan en distintos juzgados gallegos un total de 32 piezas.

las sanciones a de lara

No obstante, las dilaciones en este y otros procesos también han sido objeto de sanción. Más en concreto, en los últimos días se tenía conocimiento de que el Tribunal Supremo había rechazado la suspensión cautelar de la sanción de siete meses y un día impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la juez Pilar de Lara, la instructora inicial de este proceso, por una falta muy grave de desatención de las competencias judiciales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo había presentado un recurso contra la sanción impuesta por el órgano de gobierno de los jueces por las dilaciones indebidas en la tramitación de asuntos como la Carioca, sobre redes de prostitución; el Garañón, sobre urbanismo; o la Pokemon y la Pulpo, sobre posible corrupción política. En este escrito solicitó la paralización de su ejecución, ya que ésta acarrea la pérdida de destino, algo que fue rechazado.