El juez anula la investigación del caso ‘Virgin’ sobre presunta corrupción en Mugardos

En el auto judicial, el magistrado ferrolano considera que las intervenciones telefónicas que dieron origen a la investigación que desembocó en la detención de cuatro personas en diciembre del 2007 y la imputación de otras cinco, entre ellas el alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, del BNG, se baso ‘en meras sospechas y no en indicios incriminatorios de delito’.

De este modo, explica el magistrado, aplicando la doctrina jurídica de ‘los frutos del árbol envenenado’, todas las escuchas telefónicas, entradas, registros y declaraciones obtenidas como pruebas durante el curso de la investigación que arrancó en mayo del 2007, son ‘ilícitas’ y quedan por tanto, anuladas.

No obstante, la resolución no es firme y contra ella cabe recurso de la Fiscalía, que sustenta la acusación, además de Izquierda Unida, que se personó en la causa como acusación popular.

En esta presunta trama de corrupción destapada a finales del 2007 por la Guardia Civil estaban relacionados los hermanos Pedro y Julia Cortizas Díaz, del estudio Xcale, la aparejadora municipal Carmen Piñeiro y la arquitecta Elia Estraviz.

Posteriormente la investigación se amplió incluyendo a varios constructores de la zona, el policía local Ovidio Torrente, y al propio regidor mugardés, que llegó a prestar declaración como imputado, pese a que, inicialmente, no estaba siendo investigado.

El magistrado considera que la intervención de los teléfonos de Pedro y Julia Cortizas Díaz, al amparo de un auto judicial el 15 de junio del 2007, restringió ‘de forma desproporcionada e innecesaria’ los derechos fundamentales de los acusados, que solicitaron la nulidad del proceso por entender que se había vulnerado su derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones.

Los hermanos Cortizas y Carmen Piñeiro fueron detenidos el 2 de diciembre del 2007 junto con el policía local de Mugardos, Ovidio Torrente, tras practicar un registro en el estudio, el domicilio de la funcionaria y la inmobiliaria Xesvén, propiedad de la esposa del policía.

Los cuatro quedaron en libertad con cargos dos días después, tras 48 horas en el calabozo, y se les imputaban varios delitos, entre ellos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o fraude.

El juez, en un auto notificado a las partes en las últimas horas, cuestiona la falta de rigor de la querella inicial de la Fiscalía, que ‘dista mucho de ser un ejemplo de claridad y precisión’, reprocha ‘la falta de concreción que se les imputaron a las personas investigadas’ e indica que existían ‘medios menos gravosos’ para llevar a cabo la investigación de los hechos.

No obstante, el juez no cuestiona la necesidad de investigar los hechos denunciado por la Fiscalía y considera que la admisión a trámite de la misma ‘es irreprochable’.