Más incentivos a la caza del jabalí contra la peste porcina

Caza al salto, al rececho y en mano son las nuevas modalidades cinegéticas que va a plantear la Xunta con el objetivo de reducir el número de jabalíes en Galicia, ante la detección de casos de peste porcina africana en fauna silvestre en Cataluña.

Con en torno al 80% de la superficie gallega afectada por la declaración de emergencia cinegética -que permite cazar jabalíes de octubre a febrero-, las modalidades autorizadas hasta ahora son las de batida, montería y espera.

El miércoles, en una reunión con representantes de las organizaciones agrarias, el portavoz de UU.AA., Roberto García, pidió un plan que incorpore herramientas como las cuadrillas profesionales -a las que se les pague por cazar jabalíes-, jaulas de gran tamaño y arqueros, entre otras herramientas.

Ayer, y ante la crisis generada en Cataluña, que provoca una caída de los precios de la carne de cerdo y afecta sobre todo por la vía de las exportaciones -con países que las han bloqueado, como Japón y México-, la Consellería de Medio Ambiente presenta, a través de nota de prensa, algunas de las medidas que baraja.

Así, con ese ánimo de disminuir el volumen de jabalíes, Medio Ambiente va a proponer, además de las nuevas modalidades de caza, bonificar las tasas a aquellos tecores que realicen capturas por encima del cupo establecido.

Reacción de UUAA

“No hacer nada es la peor solución”, subraya Roberto García, quien declaró ayer que valora lo planteado como una solución para “facilitar la caza”, pero no así, a su juicio, para rebajar la población de jabalíes. Frente a la peste porcina africana y su eventual avance, el secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.) insiste en la necesidad de un plan con medidas como las cuadrillas profesionales, jaulas grandes y arqueros, y recurrir a la caza como herramienta de regulación una vez se haya hecho bajar el total de jabalíes.

Las comarcas con mayor concentración de granjas porcinas -A Limia, Betanzos, O Deza y Terra Chá- mantienen activa la emergencia cinegética, pero la conselleira Ángeles Vázquez reconoce que “no es suficiente” ante la presión del jabalí y el riesgo de PPA.

Grupo de trabajo

Por ello, la Xunta propondrá en la próxima reunión del grupo de trabajo nuevas medidas de control, que complementen las batidas y las jaulas trampa: ampliar modalidades de caza (al salto, al rececho y en mano) y bonificar tasas a los tecores que superen su cupo de capturas. El grupo de trabajo reúne a administraciones de carreteras, Guardia Civil, Seprona, Policía Autonómica, Medio Rural, Sanidade, Fegamp, Federación Galega de Caza y sindicatos agrarios. Medio Ambiente también revisa qué tecores han cumplido su cupo —más de un centenar— e instará a los que no lo han alcanzado en zonas críticas a completarlo.

Galicia exige convocar una Conferencia Sectorial

Ante la aparición de casos de PPA en Cataluña, la Xunta insiste en que, tratándose de un problema de índole nacional, las acciones a implementar y el esfuerzo económico correspondiente no pueden proceder únicamente de las comunidades autónomas. Así, el Ejecutivo gallego ya solicitó la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial específica y conjunta, con participación de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La convocatoria de esta conferencia “es fundamental para coordinar a nivel nacional las actuaciones en relación con esta problemática, con el objetivo final de que sean homogéneas en aquellas cuestiones que afectan a todo el país”, sostiene la Xunta en un comunicado emitido ayer. Hace falta recordar, asimismo, que el Gobierno central mantiene contraída una deuda con las comunidades autónomas, en otros ámbitos de la gestión de la fauna salvaje (concretamente, en el caso de Galicia, 12 millones de euros).

La Xunta recuerda además que Galicia se situó “a la vanguardia en la gestión del jabalí a nivel nacional” durante la emergencia cinegética que se adoptó por primera vez en 2019 y, tras el recurso de una organización ecologista, fue avalada por la Justicia autonómica. “Este conjunto de medidas permitió que en los últimos cinco años se cazaran en la comunidad cerca de 92.000 ejemplares”, indica el Gobierno gallego.