Habrá juzgados de violencia machista en todas las ciudades gallegas

El Gobierno gallego impulsará un plan para que, de acuerdo con la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se refuerce la demanda al Ejecutivo central de avanzar en la creación de juzgados especializados en casos de violencia machista.

El objetivo de la Xunta es dotar con este tipo de salas todas las ciudades (y su ámbito comarcal), dado que hasta el momento solo A Coruña y Vigo cuentan con un juzgado específico para abordar los casos de violencia sobre la mujer. El primero que urgirán, de acuerdo con las peticiones, será el de Santiago de Compostela para este mismo año.

Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ayer durante la sesión de control en el Parlamento de Galicia, donde la oposición ha puesto en duda el compromiso “feminista” en las políticas de la Xunta. Enfrente, el jefe del Ejecutivo gallego rechazó sus lecciones y afeó al PSOE su situación estatal a raíz de la reforma de la ley del “solo sí es sí”.

Rueda echó en cara al BNG su voto en contra de la tramitación de la norma en el Congreso, posicionándose, según el líder popular, con una ley que “abarata” las penas de los agresores sexuales.

Tanto Rodríguez Rumbo, diputada socialista, como la líder del BNG, Ana Pontón, pusieron el foco en las políticas de la Xunta y sus políticas de igualdad. Pontón, en tono irónico, dio la “bienvenida” a Rueda en la defensa de los juzgados específicos de violencia machista, al tiempo que aseguró que los populares “votaron en contra” de esta demanda en la Cámara autonómica.

Por otra parte, el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, avanzó que el Gobierno gallego aprobará la próxima semana el protocolo de actuación sobre el funcionamiento de las oficinas de atención a las víctimas en el ámbito de la justicia. Calvo destacó el trabajo de la Xunta para consolidar el modelo de atención asistencial a través de estas oficinas, un sistema en el que los profesionales de la psicología y de trabajo social llevan a cabo una atención individualizada de la víctima con el objetivo de, posteriormente, aplicar medidas de protección necesarias que minimicen los trastornos psicológicos y proponer otras que garanticen la protección de la víctima durante todo el proceso judicial.