El Gobierno saca adelante su nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias

El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, con los votos de la Administración General del Estado y el respaldo de Cataluña y Canarias. El sistema contempla una aportación adicional de casi 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, destinada principalmente a financiar sanidad, educación, servicios sociales y políticas de vivienda.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que se trata de un modelo común para las comunidades y ciudades autónomas de régimen común y ha rechazado que sea un sistema diseñado específicamente para Cataluña. Según ha explicado, Andalucía será la comunidad que más recursos reciba de la financiación adicional, mientras que todas las autonomías mejorarían su posición respecto al sistema actual.

El acuerdo llega después de 17 años sin que el CPFF debatiera un nuevo modelo de financiación y de 12 años desde que expiró el sistema actualmente vigente. España ha reivindicado el proceso de diálogo desarrollado por el Ejecutivo y ha señalado que las comunidades han dispuesto de amplia información durante la negociación.

Un modelo voluntario y con más recursos estatales

La propuesta se articula en torno a tres grandes elementos: la capacidad tributaria de las comunidades, una nivelación horizontal y una nivelación vertical, que incorpora la aportación del Estado. Esta última supone los casi 21.000 millones adicionales, una cantidad que Hacienda califica como un esfuerzo "sin precedentes" del Gobierno central.

El Ejecutivo sostiene que el nuevo sistema permitirá reducir las actuales diferencias de financiación entre territorios, que llegan a unos 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y peor financiada. También mantiene el principio de statu quo, con el objetivo de que ninguna autonomía pierda recursos respecto al modelo actual.

El sistema será de adhesión voluntaria. Las comunidades podrán incorporarse al nuevo modelo si finalmente lo aprueba el Congreso o permanecer en el sistema vigente.

La propuesta incluye además un Fondo de Dinamismo de 3.000 millones de euros, destinado a las comunidades que se encuentren por debajo de la media, así como la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales. También contempla un nuevo fondo para factores como la población flotante vinculada al turismo, la despoblación, la masa forestal o la reindustrialización, aunque su cuantía todavía no está cerrada.

El PP cuestiona el modelo

España ha aprovechado la rueda de prensa posterior al CPFF para criticar al Partido Popular, al que acusa de no haber presentado una alternativa al sistema propuesto por el Gobierno. También ha reprochado a varias comunidades gobernadas por el PP, entre ellas la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que hayan condicionado su posición a las directrices de la dirección nacional.

El ministro también ha criticado la ausencia de Madrid en la reunión y ha defendido que las discrepancias entre las autonomías del PP evidencian la dificultad de la formación para plantear un modelo común.

Pendiente del Congreso

La aprobación en el CPFF supone un paso relevante, pero el nuevo modelo todavía no está aprobado definitivamente. El acuerdo deberá pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente llegar al Congreso como proyecto de ley, donde los grupos parlamentarios podrán introducir modificaciones mediante el proceso de enmiendas.

La intención del Gobierno es que el nuevo sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, aunque el ministro ha reconocido que el calendario dependerá de la tramitación parlamentaria.

Entre los asuntos pendientes figura también la petición de ERC para que la Generalitat gestione la recaudación del IRPF. Hacienda mantiene su apuesta por una gestión tributaria "en red" para el conjunto de las comunidades. La quita de deuda autonómica, por su parte, continúa su tramitación parlamentaria después de haber superado el debate a la totalidad.