El Gobierno investiga a las empresas por vaciar embalses del Miño-Sil

La intensa actividad de las eléctricas en la provincia en las últimas semanas podría ser sancionada por el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) responde al drástico vaciado del nivel de los embalses con la apertura de expedientes informativos a las empresas concesionarias de las cuencas hidrográficas del Duero, del Tajo y del Miño-Sil.

En el caso de la provincia, el Ejecutivo investigará de cerca la explotación de las presas As Portas y Cenza (Vilariño de Conso), gestionadas por Iberdrola, y de Salas (Muiños), gestionada por Naturgy, las más afectadas por la sobreexplotación hídrica. El presidente de la Confederación Hidrográfia Miño Sil, Antonio Quiroga, acusó esta misma semana a las eléctricas de utilizar “criterios economicistas” por encima de la responsabilidad social y medioambiental.

UN RECURSO “SENSIBLE”

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mantuvo ayer una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el vaciado de la presa de Ricobayo (Zamora), pero aprovechó la ocasión para señalar con preocupación el extremo desembalse que también se está produciendo en los ríos del Tajo y del Miño-Sil. “Se ha superado lo que el sentido común recomienda en el uso de un recurso público tan sensible como es el agua”, apuntó Morán, que ve necesario investigar si se han sobrepasado los límites de las concesiones en las tres demarcaciones. Además, recordó que el vaciado ha coincidido con un momento del año de “altos precios de la electricidad” en todo el país.

En el caso de Ricobayo, gestionado por Iberdrola, el secretario de Estado señaló la “mala praxis” de la empresa. El nivel de la presa, de hecho, pasó del 95 al 11% en las últimas semanas, para sorpresa de vecinos y alcaldes de la zona. En la provincia ourensana, embalses como As Portas o Cenza también se sitúan en valores similares, en torno al 15%, lo que da cuenta de la sobreexplotación generalizada de los ríos.

La investigación, que afecta tanto a Iberdrola como al resto de concesionarias de los embalses del Duero, Tajo y Miño-Sil, supone un control más exhaustivo al actual sobre el cumplimiento de las condiciones de explotación, así como sobre el caudal ecológico. En caso de detectar alguna anomalía, el Ejecutivo podría imponer sanciones económicas.

EN PIE DE GUERRA

El drástico vaciado del embalse de Ricobayo ha provocado la movilización de los alcaldes de la zona, que ven un claro agravio para sus municipios, tanto medioambiental como económico. Los ediles, de hecho, presentaron un escrito al Ministerio en el que reclaman no solo una estimación real de las pérdidas y daños, sino también una compensación económica adecuada a favor de las empresas y vecinos asentados en la zona por la sobreexplotación del recurso hídrico.

Los afectados por el expolio buscan evitar que se sigan repitiendo situaciones de desembalses como los vividos desde junio, y piden que la capacidad total no descienda del 70% en la época estival.

CAMBIOS EN LAS CONCESIONES

Morán advirtió también la necesidad de adaptar las concesiones de embalses a la realidad del cambio climático, que influye tanto en el aumento de las temperaturas como en la alteración de los patrones de lluvia y en la disponibilidad de agua a medio-largo plazo. “Todos los usos económicos que se hagan tienen que atender a esta realidad”, señaló.

En este sentido, la planificación hidrológica diseñada por el Ministerio para el período comprendido entre los años 2022 y 2027 contempla estas medidas de adecuación al cambio climático, así como los criterios de gestión ambiental particulares de cada demarcación. Además, el nuevo marco estará sometido en todo momento a la disponibilidad de mayor o menor caudal. “Son todas ellas herramientas normativas jurídicas que serán suficientemente sólidas para no que no se repitan situaciones como las que estamos viendo en los embalses”, señaló.