El Gobierno central lleva otra vez a la Xunta al Constitucional

Es la segunda vez que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva a la Xunta con Rueda al mando al Constitucional, la anterior fue por la ley del litoral y el TC dio la razón al Ejecutivo autonómico. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que ratifica la intención del Gobierno que dirige Pedro Sánchez de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dos preceptos relevantes de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas que acompañó a la ley de Orzamentos autonómicos de 2024. En concreto, los puntos en cuestión son los equivalentes a varios puntos de la nueva regulación eólica gallega, incluida la obligación de repotenciar que fijaba la Xunta en su última normativa. Pero el Gobierno también manifestó dudas de la legalidad del punto relativo a vincular el grado de dependencia y de discapacidad para agilizar ayudas.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había apuntado en la pasada jornada que ayer el Ejecutivo central tendría que tomar una decisión en el Consejo de Ministros y remarcó que esta medida era “fundamental” dentro del plan de choque de la Xunta para agilizar las prestaciones para personas en situación de dependencia.

La última resolución del Tribunal Constitucional en relación a un conflicto de competencias del Gobierno con Galicia, por la ley del litoral, fue favorable a la comunidad gallega. El Gobierno recordó que la Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acordó iniciar negociaciones en relación con siete artículos de la ley gallega sobre los que existían discrepancias competenciales, habiéndose alcanzado un acuerdo parcial sobre cinco de ellos, lo que, recalca el Gobierno “supone que más del 70% de la controversia se ha solventado mediante el diálogo y el acuerdo entre administraciones”.

Sin acuerdo

En concreto, en relación con los artículos 58, 72, 79, 89 y 97, se evitó el recurso mediante acuerdos y el compromiso por parte de la comunidad de abordar modificaciones legislativas. No obstante, sobre los dos artículos restantes no se ha podido alcanzar un acuerdo (artículos 30 y 45) y se solicita, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno explicó que las impugnaciones relativas al artículo 30 se fundamentan en su “incompatibilidad” con regulaciones estatales existentes en materia de energía eólica. Mientras, la impugnación del artículo 45 se basa “en la invasión de las competencias estatales” en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social y en la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.

El foco está, en este caso, en las situaciones de dependencia y en la legislación básica, “sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas en relación con los grados de discapacidad”. El Gobierno destacó que la impugnación fue sometida a consulta de la Abogacía General del Estado y del Consejo de Estado, que la avaló en su dictamen.

Necesidades de 15 zonas

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, pidió al Gobierno que atienda las necesidades de energía de 15 zonas “estratégicas” en Galicia que ahora tienen “escasa o nula potencia”, de forma que sean incluidas en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2025/2030.

Así se pronunció la titular de Economía en declaraciones a los medios antes de reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y con responsables de Red Eléctrica Española (REE) para abordar la propuesta de planificación de esta red. La reunión tuvo lugar, además, un día después de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avanzase que el Gobierno central deniega la subestación eléctrica de Altri en Palas de Rei (Lugo), así como la conexión eléctrica.