Galicia abrirá en Monforte su primer centro específico para menores migrantes

La Xunta habilitará 80 plazas en un edificio de Prodeme, con un coste estimado de hasta 30 millones de euros al año, y critica la “imposición” del Gobierno central

Varios migrantes a su llegada a un hotel de Lugo.
Varios migrantes a su llegada a un hotel de Lugo. | EP

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha anunciado este sábado que Monforte de Lemos será el municipio que acogerá el primer centro específico para menores migrantes que se abrirá en Galicia.

El recurso estará ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez, gestionado por la entidad social Prodeme, y contará con 80 plazas para atender a los adolescentes que el Gobierno central ha decidido trasladar a la comunidad.

Durante su visita a las instalaciones, García agradeció la colaboración de Prodeme y lamentó que “la imposición” del Ejecutivo estatal obliga a la Xunta a crear centros específicos para menores extranjeros, algo que, según subrayó, no estaba en los planes del Gobierno gallego.

La conselleira advirtió que este cambio supondrá modificar el sistema autonómico de protección a la infancia, además de generar un importante impacto económico. Según los cálculos de la Xunta, atender a todos los adolescentes podría costar hasta 30 millones de euros al año, sin que el Estado haya comprometido financiación para cubrir estos gastos.

“Estas son las primeras 80 plazas específicas que la Xunta se ve obligada a crear”, recalcó García, avanzando que el Ejecutivo gallego continúa buscando nuevas localizaciones para acoger a más menores.

Esta semana, la Xunta recibió los primeros seis expedientes de adolescentes de un grupo de 317 jóvenes que el Gobierno central tiene previsto trasladar a Galicia. A esta cifra se sumarán otros 15 menores extranjeros solicitantes de asilo, cuyo traslado responde a una orden del Tribunal Supremo.

Con esta medida, Galicia se prepara para un proceso de acogida sin precedentes en la comunidad, en medio de la tensión entre la Xunta y el Ejecutivo central por la falta de acuerdo en la financiación y gestión de estos recursos.

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