El fiscal pide echar a Jácome de la política durante 9 años por prevaricar

El futuro político del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se encuentra en una encrucijada judicial decisiva tras formalizar la Fiscalía su escrito de acusación. El fiscal Mario Brualla González solicita la apertura de juicio oral y exige para el regidor una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Esta petición, en caso de prosperar, apartaría al líder de Democracia Ourensana de cualquier puesto electo o de confianza en cualquier administración pública.

El caso, no obstante, está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva varios recursos cruzados: mientras la defensa de Jácome pide el archivo de la causa, la acusación particular exige ampliar el procedimiento a los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Según relata el Ministerio Público, el acusado ejerció como alcalde desde el 15 de junio de 2019 bajo un régimen de dedicación exclusiva, percibiendo un salario público creciente que comenzó en 36.501,63 euros en el segundo semestre de dicho año y alcanzó los 77.457,30 euros en 2024. Paralelamente y de forma incompatible, tal como recoge el fiscal, Jácome continuó generando cuantiosos ingresos privados, destacando su facturación bruta al frente de Auria TV, de la que es propietario y único responsable, con picos de 218.041,17 euros en 2020 y 136.257,25 euros en 2023. A estos emolumentos se suman otras actividades, como el cobro de 73.260 euros brutos en 2021 por promoción inmobiliaria y su etapa como administrador único de Jolper Música SL hasta agosto de 2020.

El regidor, a juicio de Brualla, actuó “a sabiendas de la ilegalidad”, manteniendo una situación de pluriempleo en la Seguridad Social sin que sus actividades ajenas al consistorio tuviesen un carácter secundario o marginal. De hecho, en agosto de 2019, poco después de aprobarse su primer sueldo, llegó a solicitar formalmente la compatibilidad al Concello, pero desistió a los tres días porque sabía que el pleno no se la iba a conceder. E hizo caso omiso a una moción de diciembre de 2021 que le instaba a renunciar a su salario por estas incompatibilidades, y cómo en julio de 2023, tras ser reelegido, volvió a votar a favor de su dedicación exclusiva.

Bajo la lupa judicial desde el año 2023 por sus negocios

El procedimiento penal que ahora acorrala al alcalde de Ourense es el resultado de un intrincado periplo judicial e institucional. Todo comenzó cuando la Fiscalía tramitó las diligencias de investigación 150/2023, en las que ya se indagaba la posible comisión de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, al simultanear su sueldo institucional con su actividad profesional a sabiendas de la incompatibilidad. Aquellas pesquisas iniciales concluyeron mediante un decreto el 13 de mayo de 2024 que ordenaba el archivo sin presentar denuncia o querella, si bien el Ministerio Público, al constatar una evidente infracción administrativa, derivó el asunto al Tribunal de Cuentas por si existiera responsabilidad contable.

Casi en paralelo a los movimientos de la Fiscalía, el 11 de abril de 2024, el exconcejal Telmo Manuel Ucha Álvarez presentó una denuncia ante el propio Concello de Ourense contra el alcalde por cobrar indebidamente la dedicación exclusiva, exigiendo la devolución de los haberes. Esta queja fue reiterada el 20 de junio, pero encalló en una resolución insólita: ambas denuncias fueron desestimadas mediante un decreto firmado el 12 de julio de 2024 en base a un informe del asesor jurídico. Pese a este archivo administrativo municipal y a que el Tribunal de Cuentas terminó dictando una resolución en la que no se le exigía responsabilidad contable, la ofensiva de la acusación particular no se detuvo y acabó recayendo en el Juzgado de Instrucción 1. Es allí donde se han instruido el procedimiento que ahora el fiscal pide elevar a la Audiencia con una petición de nueve años de inhabilitación que amenaza con liquidar la carrera política del regidor ourensano.

Ucha pide prisión para el regidor: 11 años y medio

La acusación particular ejercida por el exedil de DO Telmo Ucha solicita para el alcalde un total de once años y medio de cárcel, además de otras penas. Concretamente, reclama trece años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa; siete años de prisión y diecisiete años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación agravada; y cuatro años y medio de cárcel, cinco años de inhabilitación especial y una multa de 108.000 euros por falsedad en documento oficial. Adicionalmente, en concepto de responsabilidad civil, exige que el regidor indemnice al Concello y a la Diputación de Ourense con una cantidad mínima de 491.025,72 euros más los intereses legales correspondientes.