Facenda urge al Gobierno a la reforma de la financiación

Los responsables de Hacienda de los gobiernos de Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia urgieron ayer al Gobierno la reforma del sistema de financiación autonómica, para lo que reclamaron voluntad política para actualizar un modelo que ven “caduco”.

El conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos; el responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, lanzaron este mensaje durante su participación en unas jornadas sobre financiación autonómica organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En declaraciones a los medios, Miguel Corgos pidió al Gobierno central responsabilidad y búsqueda de consenso para reformar un sistema que está “superado y es insuficiente”.

“Nuevo modelo”

Corgos consideró necesario que “el Gobierno central presente un nuevo modelo”, en lugar de sostener “discusiones infinitas” sobre elementos concretos que dividen territorios, cuando la realidad es que todas las comunidades están infrafinanciadas.

Reivindicó un modelo negociado de forma multilateral, en el que cada comunidad exponga sus necesidades y esté dispuesta a hacer cesiones para lograr una financiación estable y suficiente para todas.

Corgos aseguró que Galicia no está sola, ya que 14 gobiernos autonómicos piden una reforma. Y recalcó que la propuesta debe partir del Gobierno central, para ser luego debatida y acordada por todas las comunidades.

Planteó que el debate se base en analizar qué ingresos del Estado deben financiar los servicios autonómicos y cómo repartirlos equitativamente.

Sobre la consulta previa lanzada por el Gobierno acerca de asumir la deuda de las comunidades, Corgos recordó que Galicia no tiene un problema de deuda, gracias a su responsabilidad fiscal en los últimos 15 años.

Advirtió que una posible mutualización de deuda podría hacer que los problemas de financiación queden olvidados indefinidamente, lo que perjudicaría a todas las autonomías.

Población ajustada

El conselleiro insistió en la necesidad de cuantificar correctamente el coste real de los servicios en cada territorio. Recordó que el modelo actual “no aporta los recursos prometidos en 2009”.

Subrayó que una de las claves del nuevo sistema es la variable de “población ajustada”, que debe reflejar los costes reales de los servicios públicos, considerando factores como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.

En este sentido, destacó que Galicia tiene un 26,6% de población mayor de 65 años, frente al 20,4% del conjunto de España, lo que, sumado a su dispersión, genera un déficit de 500 millones de euros al año.

Corgos cerró su intervención recordando la Declaración de Santiago firmada en 2021 por ocho comunidades autónomas, como ejemplo de que es posible llegar a acuerdos, a pesar de las diferencias, “basadas en necesidades particulares”.