Exigen una Galicia equitativa en el acceso a Axuda no Fogar

Expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) proponen “estandarizar” y revisar la aportación que los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) deben afrontar según su capacidad económica, “garantizando la equidad y la accesibilidad del servicio” al advertir de que “dos personas que tienen exactamente la misma renta y el mismo patrimonio pueden pagar una cantidad totalmente distinta por las horas” en función del ayuntamiento en el que residen.

Esta es una de las recomendaciones que se desprenden del informe encargado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a la USC titulado “A reforma necesaria do financiamento local” que incluye un capítulo realizado por las profesoras de la Facultade de Economía de la Universidade de Santiago de Compostela María Cadaval y Carmen Sánchez Carreira sobre la financiación de los servicios sociales y del SAF.

Consultada al respecto, la doctora en Economía Aplicada María Cadaval recuerda que la normativa establece que los consistorios que presten estos servicios se pueden financiar a través de tres vías: las transferencias de la Xunta, la aportación que decide hacer cada ayuntamiento y, en tercer lugar, la de las personas usuarias.

El Concello ordena

Un hecho que “da la competencia a las entidades locales, que a través de sus ordenanzas fiscales pueden concretar este aspecto”, y que implica que “en Galicia existan 313 fórmulas de cálculo” de lo que es la aportación -una por cada municipio-. “Es decir, aunque seguramente muchas de ellas coinciden, cada consistorio puede amoldar la estructura general a su interés particular o a su capacidad de financiación”, explica para señalar que esta cuestión hace que desigualdades entre municipios.

Todo ello, explica, en un contexto en el que, además, en la práctica se observa una “tendencia” a que los ayuntamientos traten de hacer que “cada vez la aportación que hace el usuario sea menor”. “Regulan de tal modo que, de facto, la aportación va cayendo en términos relativos a lo largo del tiempo”, apunta.

En concreto, el informe cita también el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma y la Fegamp para incrementar en los próximos años la cuantía que transfiere la Xunta.

Todo ello mientras que la contribución de las personas se redujo hasta los 2,3 euros (12%) de media, “un comportamiento que pone de relieve la voluntad de limitar el impacto económico directo sobre las familias, garantizando el acceso al servicio”, según indica el informe.

Por otra parte, el trabajo incluye en su decálogo de recomendaciones para el SAF la de “estandarizar los servicios y las condiciones de prestación”. Un aspecto sobre el que María Cadaval recuerda que en el propio decreto publicado que establece los criterios para el copago incluye también el catálogo de servicios básicos. En este contexto, el informe apuesta por determinar con claridad cuáles son las prestaciones obligatorias susceptibles de cofinanciación pública por parte de las distintas administraciones, y cuáles son complementarias, cuyo coste debe ser asumido por los concellos y por las personas con capacidad económica.

“Hay muchos SAF distintos, lo que decimos es que tiene que haber una columna vertebral que debe financiar la Xunta y, a partir de ahí cada ayuntamiento tiene libertad para proporcionar todos los servicios que considere oportuno pero ya no tendría que ir con cargo a esa transferencia por parte de la Administración autonómica”, ha dicho.

El documento sostiene que la singular realidad demográfica hace de ella un auténtico laboratorio de innovación en políticas de cuidado para construir un modelo de gestión social de referencia.