El Estado pagará a los Franco los gastos del pazo de Meirás

nnn La Audiencia Provincial de A Coruña declaró ayer que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado tras el recurso presentado por los herederos de Franco, si bien les ha reconocido su derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975, tras la muerte del ex jefe del Estado, para conservar el edificio.

La sección tercera de la Audiencia Provincial confirmó en sentencia con fecha de ayer, tras el recurso de apelación presentado por los herederos de Franco, lo decretado en primera instancia el pasado septiembre en lo relativo a la propiedad del pazo, pero ha revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones. La magistrada de primera instancia entendió que no cabía la restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de los Franco "de mala fe". Por el contrario, los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido, por lo que "no se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición".

Además, la creencia de que la adquisición era correcta también está avalada por el hecho de que, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, "llevan más de cuatro décadas utilizando el pazo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños". Y "como tales dueños" han sido tratados hasta ahora por la propia Administración, añaden los magistrados, que aclaran que "aunque se diese por cierta la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos".

De dominio público

La sentencia sostiene que "la reivindicación de la propiedad es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera. La Administración nunca los requirió para que entregasen la propiedad de un inmueble que ahora se considera de dominio público".

Finalmente, consideran acreditado que los herederos del dictador realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones", y entienden que es "obvio" que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años "su estado actual sería ruinoso".

Por ello, los magistrados reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios que realizaron para conservar el inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), por lo que la cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

Desde un punto de vista jurídico, el tribunal declara inexistente la donación de 1938 y decreta como nula, por "simulación absoluta", la escritura de compraventa de 1941 por la que supuestamente le vendieron a Franco el inmueble, es "una fantasía total". Contra esta resolución puede interponerse recurso ante el Supremo o ante el Tribunal Superior de Galicia.

Satisfacción y sorpresa ante las indemnizaciones a los herederos

Satisfacción es el sentimiento compartido unánimemente por todas las instituciones tras la sentencia que certifica que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tras el recurso presentado por los herederos de Franco.

"El Gobierno ha conseguido su objetivo: el Pazo de Meirás es propiedad de todos los españoles", escribiói la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Twitter.

La Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de Sada y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, coincidieron en trasladar su "satisfacción" por el fallo. Rey avanzó que ahora "lucharán" para que los herederos de los Franco devuelvan también la Casa Cornide. Recuerda que el ayuntamiento está llevando a cabo dos estudios paralelos, uno jurídico-histórico y otro histórico-artístico, para reclamar por vía judicial la Casa Cornide, "que se adquirió siguiendo el mismo modus operandi que en el pazo de Meirás".

La Diputación de A Coruña expresó su “satisfacción” por el auto, pero aclara que no comparte que los Franco tengan que ser indemnizados por los gastos de conservación del inmueble desde el 1975.

Tras conocer el fallo que desestima el recurso de los herederos del dictador, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, dijo que, al margen de ese punto con el que el ente provincial muestra su desacuerdo y que cree que “la mayoría de la sociedad no entiende”, deben estar “satisfechos”. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sada están estudiando el contenido de la sentencia, pero "está clara la discrepancia" en cuanto a la posesión de buena fe y la liquidación del estado posesorio, por lo que el Consistorio espera que comparta este criterio la Abogacía del Estado y recurra el fallo.

El delegado del Gobierno, Javier Losada, consideró que esta sentencia "revalida la victoria democrática" del Estado y "estimula al Gobierno para seguir trabajando en el proyecto de memoria histórica".

El responsable de Patrimonio de la Diputación de La Coruña y miembro de la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, Xosé Luís Penas, calificó de "incomprensible" que la justicia "ordene darle más dinero a los Franco después del inmenso patrimonio que consiguieron como herencia.n