El editor de La Región achaca la trifulca con Jácome a sus insultos

El propio Jácome, en su declaración, admitió que el evento que se celebró aquel día en el Auditorio no fue organizado por el Concello y que aquel día no estaba realizando ningún acto de representación institucional

El editor de La Región, en su declaración en la Audiencia Provincial.
El editor de La Región, en su declaración en la Audiencia Provincial. | Iago Cortón

¿Estaba Jácome ejerciendo funciones propias de su cargo como alcalde en el Auditorio Municipal de Ourense la tarde del 9 de septiembre de 2023 o bien se encontraba allí como un ciudadano particular? Esa fue la cuestión que centró ayer el debate en la Audiencia Provincial, donde se juzgó un incidente ocurrido entre Jácome y Óscar Outeiriño, editor del diario La Región.

Este debate resulta fundamental en este proceso judicial, ya que la Fiscalía alude a un presunto delito de atentado a la autoridad. El propio Jácome, en su declaración, admitió que el evento que se celebró aquel día en el Auditorio no fue organizado por el Concello y que aquel día no estaba realizando ningún acto de representación institucional.

Otra de las cuestiones que se debatió es si la mala relación que ambos tienen es producto de la llegada de Jácome a la Alcaldía o es anterior a este hecho. Outeiriño subrayó que Jácome lleva desde principios de los 2000 usando su televisión, Auria TV, para decir “de manera obsesiva” que la familia de Outeiriño está en la quiebra y que él es un drogadicto, “de manera totalmente injustificada”. “Ese señor tiene obsesión con nosotros, conmigo especialmente”, afirmó. En este sentido, recalcó que la relación entre ambos es mala “desde hace muchos años” y que ya tuvieron denuncias previas, incluso hace más de una década.

Asimismo, Outeiriño reconoció en el juicio que aquel día en el Auditorio obró mal y recordó que se disculpó en aquel momento por haber golpeado a Jácome. En este sentido, atribuyó esta reacción a las constantes provocaciones que sufre por su parte.

La Fiscalía pide dos años de prisión y una multa de ocho meses (a razón de diez euros diarios) por atentado a la autoridad, y una multa de tres meses (a razón de diez euros diarios) por un delito leve de lesiones; la acusación particular eleva la petición a dos años y medio y la defensa insta la libre absolución al considerar que no existe atentado a la autoridad. Los magistrados de la Audiencia Provincial tendrán que debatir sobre estas cuestiones.

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