Gran alianza de Galicia y siete autonomías para acabar con los desequilibrios territoriales

Los ocho presidentes reunidos ayer en la cumbre sobre financiación autonómica de Santiago lograron firmar una declaración institucional, con hasta 35 posiciones consensuadas, en la cual, ante una eventual reforma del sistema, piden que el coste de servicios prime, así como mayor peso para el criterio demográfico. Un consenso multilateral dejando al margen los “legítimos espacios bilaterales” entre el Gobierno y cada comunidad autónoma, cuantificar de forma completa las necesidades de gasto reales (dispersión, baja densidad, orografía) y equidad en la asignación de recursos son aspectos recogidos en el documento saliente.

En él, estos dirigentes, que representan el 61,97% de la superficie española y al 24,13% de la población, transmiten su “absoluto respeto” a las comunidades con intereses diferentes.

La cita juntó en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias). Todos ellos, tras comenzar la junta a las diez y culminarla pasada la una de la tarde, destacaron en sus comparecencias la anuencia a la que llegaron y el clima de normalidad en el que se celebró esta asamblea, alejándola por tanto de toda confrontación partidista.

NECESIDADES REALES

En ese clima concordaron, tras un trabajo previo de sus respectivos gabinetes de hacienda, que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deberán ser fijadas atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades reales. Es decir, además de los costes fijos, pues la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad, y el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, por ser -reza el texto- “condiciones innegables de un mayor coste en la prestación de servicios” cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.

También se entendieron en el hecho de que, de forma específica, se evalúen los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las autonomías. Especialmente en sus áreas reclaman que se tengan en cuenta factores de coste consustanciales a la población, destinataria en última instancia de los servicios públicos.

“No sería posible la consecución de un sistema de financiación justo e igualitario sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía (escuelas, centros de salud, centros de día...) o del envejecimiento que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías, y con el consiguiente gasto farmacéutico”, refleja el texto. Un gasto, este último, que conlleva necesariamente “diferentes intensidades” en la utilización de los servicios públicos.

Del mismo modo, proponen la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios. En particular, ponen el foco en la sanidad pública y en su dinámica de crecimiento de gasto, todavía más intensificada con la pandemia vigente, al considerar que debe ser objeto de un análisis especial en la próxima negociación.

PESO DE LA SANIDAD

El peso de la sanidad en el sistema, creen, debe adecuarse al gasto real de las comunidades autónomas, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la crisis sanitaria. En particular, coincidieron en que se valore de forma adecuada el impacto de cada grupo de edad que forma parte de la población protegida equivalente, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85) y aumentando su ponderación.

Aparte, sugieren revisiones periódicas para ajustar todos estos indicadores y, sobre todo, ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación que se acuerde.

El Gobierno insta al consenso previo para reformar el modelo

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, admitió ayer que la reforma de la financiación autonómica está pendiente en la agenda pero aseguró que para llevarla a cabo es necesario “un consenso previo” y añadió que en este caso “los consensos no son entre distintos partidos políticos” como lo ha demostrado el hecho de que ayer se reuniesen en Santiago presidentes regionales de diferentes partidos. La portavoz realizó estas afirmaciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras conocer la declaración de Santiago, donde se reunieron cinco presidentes autonómicos del PSOE, dos del PP y uno del PCR.

En esa reunión, los presidentes regionales reclamaron al Gobierno pactar la financiación autonómica en foros multilaterales y no bilaterales, en referencia a que no se haga solo con Cataluña, tal y como hizo el presidente Zapatero cuando acordó el último modelo de financiación autonómica. Isabel Rodríguez admitió que esta es una “reforma pendiente” en la agenda política porque la última caducó en 2014. Y aunque dijo que su Gobierno ha demostrado que no tiene miedo a ninguna reforma, precisó, “esta es una de las reformas que sí o sí son precisas hacerse con consensos”.

En este sentido, añadió que “aquí los consensos no son entre distintos partidos políticos” y puso como ejemplo el encuentro de los ochos presidentes autonómicos en Santiago.