Solo dos ciudades cumplen con sus zonas de bajas emisiones

El Consello de Contas constató que, a 31 de marzo de 2025, únicamente A Coruña y Pontevedra cumplían con la obligación de implantar zonas de bajas emisiones (ZBE), exigida por la normativa estatal a las ciudades de más de 50.000 habitantes. El informe, conocido ayer, evidencia un desarrollo desigual en Galicia y sitúa a la mayoría de los grandes municipios fuera de plazo.

A Coruña figura entre las ciudades que ya disponen de una ZBE operativa, mientras que Pontevedra mantiene su modelo consolidado de restricción del tráfico en el centro urbano, considerado referente en movilidad sostenible. Ambas cumplen así con los requisitos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire.

En el resto de urbes, la implantación avanza a distinto ritmo. Vigo continúa en fase de desarrollo del proyecto; Lugo sigue en tramitación sin aplicación efectiva; y Ferrol y Santiago presentan retrasos en su puesta en marcha.

El caso de Ourense refleja una situación intermedia: el municipio ha impulsado medidas de limitación del tráfico y control ambiental en el casco urbano, pero estas actuaciones no alcanzaban aún los requisitos exigidos para considerar plenamente implantada una ZBE en la fecha analizada.

El órgano fiscalizador advierte de que estos retrasos comprometen el cumplimiento de los objetivos estatales y europeos en materia de calidad del aire y descarbonización urbana, y subraya la necesidad de acelerar la implantación efectiva de estas zonas en el conjunto de Galicia.

Medidores

El informe subraya que la correcta localización de los puntos de medición es esencial para evaluar la contaminación en las ZBE. Contas subraya la importancia de que los puntos de medición de contaminantes deben situarse preferentemente dentro de la delimitación territorial de la ZBE o, como alternativa, en los accesos de entrada a la zona. Esta ubicación se considera esencial para garantizar una evaluación real y precisa de los niveles de contaminación en el área restringida.

El diagnóstico realizado revela que, en la mayoría de los municipios auditados, los medidores no cumplen este criterio y permanecen fuera de la ZBE. Solo A Coruña, Pontevedra y Ferrol figuran como excepciones, donde los puntos de medición sí se encuentran correctamente ubicados, lo que permite un control más fiable y ajustado a los objetivos ambientales de estas zonas.

Exigencia a Pontevedra

El Consello de Pontevedra deberá elaborar un nuevo proyecto técnico porque, en la actualidad, no dispone de un proyecto técnico específico para su zona de bajas emisiones. Según el informe, el municipio está utilizando su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para establecer los objetivos cuantificables, las medidas y las excepciones a las restricciones. Por este motivo, el Consello de Contas indica expresamente que la ciudad de Pontevedra necesita elaborar un proyecto técnico de la ZBE que esté adaptado a la normativa vigente.

El informe aconseja atender a objetivos ambientales europeos

El Consello de Contas insta a los concellos a acelerar la implantación de las zonas de bajas emisiones y a corregir deficiencias para garantizar su eficacia. Entre sus principales recomendaciones figura iniciar o avanzar en la tramitación en aquellos municipios que aún no disponen de estas áreas, así como continuar los procedimientos en marcha.

En los casos de Lugo y Santiago, el órgano subraya la necesidad de subsanar las carencias ya detectadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El informe también reclama adaptar los instrumentos de planificación municipal al Real Decreto 1052/2022, tanto mediante la actualización de los planes existentes como con la elaboración de nuevos documentos cuando sea necesario. Además, incide en la importancia de mejorar la ubicación de los puntos de medición de contaminantes, que deberán situarse dentro de la ZBE o en sus accesos para evaluar correctamente su impacto.

En el ámbito técnico, Contas señala que la mayoría de ayuntamientos deben adecuar sus proyectos a la normativa estatal, incorporando los contenidos mínimos exigidos. Incluso Pontevedra, pese a su trayectoria, deberá elaborar un documento adaptado al marco vigente.

Por último, el organismo insiste en fijar objetivos cuantificables y medibles para la evaluación, y aplicar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico y promover un cambio modal que permita reducir en un 35% el uso del vehículo privado en el año 2030.