Cinco residencias de mayores cierran en Galicia en cinco años: demandan más inspección

Galicia ha registrado el cierre de cinco residencias de mayores en los últimos cinco años, de un total de 429 centros, según datos de la Consellería de Política Social. La provincia con más centros es Ourense (146), seguida de A Coruña (113), Lugo (83) y Pontevedra (87). El total de plazas autorizadas alcanza 24.661, distribuidas proporcionalmente por provincias.

José Manuel Pazos, vicepresidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría y presidente de la Asociación Gallega de Residencias Privadas (Agarte), afirma que “la sociedad debe estar tranquila” y recuerda que los cierres recientes en Ourense respondieron a problemas de higiene y alimentación, sin cuestionar el buen funcionamiento de la mayoría de centros. Destaca que estas residencias están muy controladas e inspeccionadas por servicios sociales, sanidad, inspección de trabajo y autoridades locales, aunque considera necesario actualizar los procedimientos y la interpretación de la normativa.

Sobre los cuidados que reciben los residentes, Pazos explica que incluyen higiene, alimentación, apoyo emocional y mantenimiento físico, adaptándose según las necesidades de usuarios neurológicos, psiquiátricos, convalecientes o paliativos. Reconoce avances en los últimos años, ya que la estructura residencial ha pasado de 45 centros con residentes mayormente válidos a más de 400 con necesidades sanitarias complejas, lo que requiere mayor participación de Salud Pública y atención especializada.

Por su parte, Mar Peteira, del comité de Política Social de la CIG, critica que las inspecciones no funcionan correctamente. Señala la escasez de personal, con unos 15 inspectores para atender no solo residencias sino también centros de dependencia, menores y escuelas infantiles.

Además, advierte que la programación de visitas con antelación permite filtraciones, y que las sanciones no son efectivas: las residencias públicas no reciben multas y las privadas a veces las consideran más económicas que cumplir toda la normativa. Según Peteira, la situación demuestra que la labor inspectora es insuficiente, especialmente por la falta de personal para cubrir todos los centros dependientes de la Xunta.