Manzaneda, Chandrexa y Oímbra piden ser declarados zona catastrófica

Los municipios ourensanos van poco a poco recuperando la normalidad tras la peor ola de incendios de la historia de la provincia y ya piensan en el siguiente paso: la fase de recuperación del territorio. Por el momento, tres de los concellos afectados -Oímbra, Chandrexa de Queixa y Manzaneda- ya aprobaron en el pleno municipal solicitar al Gobierno la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” (Zagepc), conocida popularmente como “zona catastrófica”, una petición a la que, como mínimo, se sumará Monterrei. Su alcalde, José Luis Suárez, avanzó que se realizará de forma conjunta en una asamblea con todas las mancomunidades que tendrá lugar el 2 de septiembre, a la vez que explicó que es un “mero trámite” y lo “importante” es que las ayudas lleguen “lo antes posible”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer que el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil las áreas arrasadas por los incendios en distintas comunidades autónomas.

Respecto a esta cuestión, aprovechó para pedir principalmente a los alcaldes y los vecinos de las zonas afectadas su ayuda para tener la mayor información cuanto antes y saber exactamente cuál es la dimensión de las áreas calcinadas para poder llevar a cabo “la valoración económica de la catástrofe” y que se pueda proceder “cuanto antes” a la reconstrucción.

Requisitos

La ley del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 23, señala que para ser declarada zona catastrófica se valora que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.

En el caso de que se apruebe, permitiría otorgar ayudas económicas a particulares por daños en viviendas, compensaciones a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, o ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas o forestales. También contempla medidas fiscales o laborales como la exención del IBI o la moratoria de hasta un año, sin interés en el pago, para las empresas y los trabajadores por cuenta propia de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Fuentes de las aseguradoras indican al periódico elEconomista que las ayudas a las personas físicas damnificadas por los incendios superarán los 18.000 euros mientras en las personas jurídicas rondarán los 9.200 euros. Las indemnizaciones por persona, explica el citado medio, podrían depender de diversos complementos que aumenten la cifra definitiva, por ejemplo, en el caso de la ayuda destinada a la construcción de viviendas, podrían recibir los afectados hasta 15.120.

Por su parte, el gobierno gallego ya anunció que la próxima semana habrá una reunión extraordinaria del Consello de la Xunta, que se celebrará en Ourense, para habilitar las primeras ayudas destinadas a zonas afectadas por los incendios en Galicia. De hecho, Alfonso Rueda, anticipó ayer “inversiones cuantiosas” para las ayudas post incendios que se lanzarán la semana que viene y que estarán dirigidas tanto al sector vitivinícola como a viviendas y a prevención.

Argumento de los Concellos

Los Concellos que anunciaron que pedirán la declaración de zona catastrófica hacen alusión a los importantes daños materiales que causó la ola de incendios y también su importante afectación en el sector agrario. Además, entre sus peticiones, solicitan que se consideren como superficies admisibles las superficies quemadas para las distintas líneas de la PAC y que se permita el pastoreo mediante autorización expresa en las zonas quemadas.

Asimismo, Unións Agrarias anunció que, a través de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), reclamará al Gobierno central que solicite la activación “inmediata” del Fondo Europeo de Solidaridad (FES). Según la organización, las pérdidas generadas por los incendios en España y Portugal, superan conjuntamente el límite de 3.000 millones de euros marcado por la normativa comunitaria. Esta petición conjunta permitiría movilizar “recursos europeos urgentes para apoyar a las familias, explotaciones y comunidades más afectadas”.