La caza del lobo en Galicia, permitida pero con condiciones

La Xunta ha modificado la normativa que regula la actividad cinegética anual en Galicia y vuelve a aplicar el Plan de gestión del lobo que estuvo vigente hasta septiembre de 2021, una vez que entró en vigor la ley estatal por la que las poblaciones al norte del río Duero salen del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). Así lo anunció hoy la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en rueda de prensa, donde indicó que la resolución con los correspondientes cambios ha salido publicada hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia.

La responsable autonómica remarcó que en Galicia la caza del lobo seguirá estando prohibida con carácter general, pero los cambios introducidos en la resolución por la que se determinan las épocas hábiles para practicar la actividad cinegética en la temporada 2024-2025 suponen incluir al lobo en la relación de especies sobre las que se pueden adoptar medidas de control ante daños recurrentes al ganado, con la debida justificación.

De este modo, podrán autorizarse acciones como esperas, batidas o monterías durante todo el año salvo en abril, mayo y junio —meses en los que solo estarán permitidas las esperas— siempre que se justifiquen adecuadamente los daños recurrentes a explotaciones ganaderas que pongan en riesgo su viabilidad. Estas medidas estarán acompañadas de un seguimiento y control riguroso por parte de la Administración gallega con el fin de garantizar la preservación de las poblaciones del lobo.

En este sentido, remarcó la conselleira, se hará un seguimiento exhaustivo de los expedientes para comprobar que realmente se producen daños recurrentes al ganado en una zona concreta. Para ello, se realizará un análisis espacial y temporal de los perjuicios sufridos —deben darse en un corto espacio de tiempo y en un área muy reducida—, al tiempo que se comprobará si las explotaciones ganaderas afectadas cuentan con medidas preventivas y si estas son eficaces.

Esta modificación supone volver a la situación previa a septiembre de 2021, fecha en la que el Gobierno central decidió de forma unilateral y sin aval científico incluir las poblaciones al norte del Duero en el Lesrpe, impidiendo adoptar medidas de control. La nueva gestión busca garantizar la viabilidad del lobo en el territorio y la compatibilidad con la ganadería extensiva y la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas, que han sufrido importantes daños y situaciones límite en los últimos años debido a la imposibilidad de aplicar controles.

En este sentido, la conselleira lamentó que el Gobierno central desoyera durante más de tres años las peticiones de las comunidades con presencia de lobo para retirar a la especie del Lesrpe, y que tuviera que ser el Congreso de los Diputados quien corrigiera ese error. Un escenario ilógico, que se mantuvo a pesar de que la Comisión Europea y el Convenio de Berna se mostraron favorables a rebajar la protección de la especie al considerar que se encuentra en buen estado de conservación.

Problemas con los fondos

Durante ese tiempo, el Ejecutivo central también puso trabas a la aplicación de medidas como ayudas para prevenir y compensar los daños del lobo, llegando a deber a Galicia tres años de transferencias (12 millones de euros). Finalmente, en 2024 se transfirieron los 4 millones de ese año, pero el resto sigue pendiente, ya que en 2022 el reparto fue injusto con Galicia —la única comunidad que no apoyó la estrategia nacional para la gestión y conservación del lobo—, por lo que la Xunta interpuso un recurso contencioso-administrativo aún sin resolver. En 2023 ni siquiera se hizo el reparto de fondos entre comunidades por problemas internos del Gobierno central.

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, que estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, subrayó que la situación actual del lobo es la más lógica y nunca debió abandonarse, ya que el estado de conservación de sus poblaciones es favorable al norte del río Duero. En este sentido, recordó que los últimos datos disponibles en Galicia muestran que el número de manadas ha aumentado un 37% en los últimos veinte años —de 68 a 93— y que la especie está presente de forma generalizada en el territorio, cubriendo más del 91% de la superficie gallega (sin contar las grandes ciudades ni el Baixo Miño).

Ángeles Vázquez destacó que ese buen estado y la imposibilidad de aplicar medidas de control contribuyeron a que, desde la inclusión del lobo en el Lesrpe en 2021, los avisos por daños en Galicia aumentaran un 77% y el número de reses afectadas un 57%. Esto supone una media de 10 animales atacados al día, lo que dificulta la rentabilidad económica de muchas explotaciones.

Esta situación obligó además a la Xunta a aumentar el esfuerzo presupuestario, tanto en ayudas para paliar los daños causados por el lobo como en medidas de prevención como la contratación de pastores, uso de perros guardianes, instalación de vallados o pastores eléctricos. Desde 2016, el Ejecutivo gallego ha concedido más de 8 millones de euros entre indemnizaciones a ganaderos y acciones para minimizar el impacto del lobo en la ganadería.