Avanzan los trámites de la ley para transferir la AP-9 a Galicia

La ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a la Xunta da un paso más hacia su aplicación. La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia con el único rechazo de PP y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara Baja.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El acuerdo entre las tres formaciones llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe para que la ley de la AP-9 continúe su recorrido parlamentario y se eleve al Pleno.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes, PP y Vox han cargado contra el acuerdo alcanzado entre estas formaciones, mientras que BNG y Sumar han ido más allá del traspaso de la AP-9 y han insistido en su reivindicación de eliminar el peaje de la vía.

Y es que el nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que fue validada en la ponencia pese al voto en contra de PP y Vox. Es esta norma la que continua su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.