La atención psicológica llega a la empresa para reducir las bajas

El Gobierno gallego ha diseñado un ambicioso plan estratégico compuesto por 37 medidas para atajar la incidencia de las incapacidades temporales. Entre las principales novedades, destaca la creación de un “dispositivo de actuación conjunta” destinado a combatir los posibles abusos y fraudes en las bajas por contingencias comunes. Esta iniciativa se acompañará de campañas de concienciación con un enfoque estrictamente “pedagógico y no alarmista” sobre el impacto que generan las ausencias indebidas en los compañeros.

Este mecanismo de control actuará frente a tres escenarios muy definidos. En primer lugar, vigilará la realización de actividades incompatibles con la convalecencia médica y el cobro indebido de prestaciones cuando existan indicios objetivos. En segundo lugar, abordará las conductas fraudulentas, como la falsificación u obtención irregular de partes, casos que serán derivados directamente al Ministerio Fiscal.

Finalmente, el dispositivo perseguirá las malas prácticas empresariales, tales como presionar para forzar el alta médica, exigir la prestación de servicios durante la incapacidad temporal o vulnerar la intimidad del trabajador, garantizando que no se aplique una vigilancia indiscriminada.

El conselleiro de Emprego, José González, matizó el alcance de la medida, subrayando que las situaciones de abuso conforman un “fenómeno acreditado como absolutamente minoritario”. Por ello, ha insistido en que el objetivo de la Administración no es en ningún caso “criminalizar a los trabajadores ni poner en duda el derecho a estar de baja”.

En esta misma línea de apoyo, la Xunta implantará la nueva figura del coordinador de reincorporación al trabajo. Este perfil no contará con incentivos económicos ni objetivos vinculados a la mera reducción de las bajas. Su herramienta principal será un informe voluntario de capacidades funcionales del empleado, enfocado a facilitar una transición adaptada y progresiva al puesto.

El primer gran bloque de actuación del plan, dotado con 17,75 millones de euros, se centra en el bienestar laboral. Se impulsarán los servicios de prevención mancomunados para sectores con alta siniestralidad y se ofrecerán ayudas a las pymes para adquirir equipamiento ergonómico no obligatorio, además de subvencionar servicios de atención psicológica y musculoesquelética. Este apartado incluye también líneas de financiación rápida para adaptar el espacio a los trabajadores que regresan tras largas ausencias y ayudas condicionadas para facilitar su sustitución temporal en microempresas y autónomos.

Por último, el eje de atención sanitaria concentra una inversión de 26 millones de euros. Contempla la creación de unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental que contarán con la figura del médico consultor para agilizar los diagnósticos.