Alcoa anuncia el ERE en San Cibrao y el comité reclama su expropiación

n n n Alcoa anunció ayer la aplicación de un ERE con el despido de 524 trabajadores de la única fábrica de aluminio primario que queda en España, la de San Cibrao (Lugo), y el comité de empresa de la planta ha urgido a Xunta y Gobierno a la ejecución de la expropiación de ese complejo industrial y con carácter inmediato.

La multinacional estadounidense comunicó ayer, antes incluso de que expirasen los quince días preceptivos para tomar una decisión, su determinación de activar un despido colectivo, así como de proceder a la hibernación ordenada de las cubas de electrolisis, con una capacidad de producción anual de 228.000 toneladas métricas. Esta postura quedó definida en la tarde del pasado jueves, una vez analizadas "todas las opciones posibles" y después de un período de consultas de cuatro meses con los representantes de los trabajadores y tras la negativa a vender tanto a Liberty House como a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

La propietaria de las instalaciones insiste e en que la factoría no es viable por factores productivos estructurales unidos a la ausencia de un marco energético competitivo en España, así como a la sobrecapacidad mundial en la producción de ese metal y la caída de su precio. Para ejemplificar su argumentación, aportan el dato de que este año, hasta el 30 de septiembre, las pérdidas han sido de "45 millones de dólares", algo más de 38 millones de euros.

“no es competitiva"

El presidente y consejero delegado de Alcoa Roy Harvey expone que "la desafortunada realidad es que la planta de aluminio de San Cibrao no es competitiva" y de ahí el ERE por el que Alcoa se compromete a abonar indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades a los empleados afectados y a contratar planes de recolocación externa para los mismos.

El 28 de mayo de 2020 Alcoa inició un proceso informal de consultas y el 25 de junio dio comienzo el formal. Alcoa amplió el plazo hasta el 28 de septiembre, mientras se negociaba una eventual transacción, que resultó infructuosa.

El comité de empresa, que preside José Antonio Zan, ha recriminado que esta firma haya vuelto a actuar de "mala fe" con una comunicación de tal calado un viernes "a la una de la tarde" y ha reclamado a los gobiernos autonómico y central que haya una nacionalización ya. "Las próximas horas y van a ser fundamentales", ha expuesto en declaraciones a la prensa, y por tanto, cree, "es hora de pasar a los hechos" y de dejarse "de palabras" y de "fotografías".

Los sindicatos, a su vez, irán a por la cautelarísima, en un intento de que el juez paralice el proceso. Esta medida se adopta siempre por circunstancias de especial urgencia mediante un procedimiento extraordinario y sumario sin escuchar a la parte contraria. UGT y CCOO han advertido de que no van a permitir "este atropello" a un sector estratégico y la CIG ha pedido a los Ejecutivos central y autonómico que actúen "con la misma contundencia y rapidez" que Alcoa.

Industria emitió un comunicado en el que asegura que siguen trabajando por una solución que mantenga el empleo y han vuelto a señalar a Alcoa como "la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta".

Feijóo cree que el comité debería impugnar un plan "fraudulento"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer que no haya "ni un paso atrás" en la hoja de ruta trazada para el momento en que Alcoa ratificase que aplicaría el despido colectivo.

En Vigo, ha afirmado que Alcoa "está en su derecho" de decidir que quiere salir de España, "pero no puede pretender que España se quede sin su única fábrica de aluminio primario para suministrar al mercado español". Expresó su confianza en que el Gobierno comparta su visión respecto a las prioridades actuales, que pasarían por "impugnar" ese acuerdo en su opinión "fraudulento" y con el objetivo de que "no haya competidores", así como por pedir medidas cautelares y garantizar, con la mediación de la Sepi, la venta a un operador, "que los hay".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que “sería una irresponsabilidad imperdonable que PP y PSOE permitan el cierre” de la planta de aluminio primario y el despido de los trabajadores. Pontón afirmó que “no hay tiempo que perder, ni un minuto más”, porque “Alcoa ya ha enseñado sus cartas”. Reclama a la Xunta y al Gobierno de España que pongan de “inmediato sobre la mesa la nacionalización del complejo” para “mantener el empleo y la actividad industrial en nuestro país”.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, exigió a la Xunta de Galicia como la autoridad laboral competente que rechace el ERE. Caballero llama a armar un “frente común” ante el “chantaje” de esta compañía multinacional, a la que acusa de haber actuado “con mala fe” tras negarse a vender sus instalaciones al grupo inversor Liberty House.n