Más de 600 licencias de VTC operan en las calles gallegas

Un total de 610 licencias figuran en el registro autonómico gallego en el que se deben inscribir los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, los conocidos como VTC, una actividad que aunque está recogida en diversa normativa, aún está pendiente de desarrollo. En Galicia, diversas empresas operan estos servicios que también ofrecen plataformas como Cabify que, según trasladó, está disponible en A Coruña desde 2018. Además, señaló que, si bien ya trabaja en Santiago para solicitudes bajo reserva, como puede ser el traslado al aeropuerto, desde 2024 el servicio está disponible de manera inmediata a través de su aplicación móvil.

Así las cosas y aunque hay legislación estatal y autonómica sobre este asunto, el Gobierno gallego introdujo en 2024 una modificación legal a través de la que da competencia a los ayuntamientos para autorizar la prestación de estos servicios. En concreto, la ley gallega de transporte público en vehículos de turismo, en su título III, regula el arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte de personas. Sin embargo, en otras regiones como Baleares la normativa que obligaba a reservar con antelación los VTC fue anulada por el Supremo. El Gobierno también aprobó en 2018 un decreto por el que se preveía que estos vehículos solo puedan realizar servicios interurbanos.

Según la Consellería de Presidencia, la norma gallega que habilitó expresamente la competencia de los ayuntamientos para regular a través de ordenanzas y confirmó lo establecido en la legislación estatal para autorizar solo VTC en tráficos interurbanos fue la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2024. Esta norma modificó el artículo de la ley gallega para incluir que los ayuntamientos fueran competentes para otorgar las autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor a quienes dispongan de la autorización interurbana domiciliada en Galicia.

Pese a la delegación de competencias a los ayuntamientos, ninguna de las siete ciudades gallegas cuenta actualmente con una ordenanza que desarrolle esta regulación. En Ourense hay conocimiento de que al menos dos empresas ofrecen este servicio, para el que no hay ordenanza municipal específica, como tampoco en Ferrol, Pontevedra y Vigo.