La violencia vicaria machista será nuevo “delito específico”

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, un texto que busca reforzar la protección frente a esta forma de violencia machista y que la tipifica como delito autónomo con agravante de género. El nuevo marco legal prevé penas de prisión de seis meses a tres años y medidas accesorias que amplían la respuesta judicial.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó la propuesta como una “ley pionera que viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares, tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas”. Según explicó, la norma persigue “visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria” y adapta distintas leyes ya en vigor: la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Protección Jurídica del Menor.

Uno de los cambios más relevantes es la definición jurídica de violencia vicaria. El texto incorpora al artículo 1.4 de la Ley Integral que se trata de “aquella violencia que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes, personas menores de edad sujetas a su tutela o guarda y custodia, los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta, así como su pareja o anteriores parejas, aunque no exista convivencia”.

El anteproyecto añade también un nuevo artículo al Código Penal, el 173 bis, que convierte esta forma de violencia en un delito específico contra la integridad moral, con sanciones acumulables y medidas complementarias. Entre ellas destacan la prohibición de portar armas durante un periodo de entre tres y cinco años y la imposibilidad de publicar o difundir mensajes, textos o imágenes relacionados con el delito.

La ley junto a la sociedad

En este punto, Redondo aludió al libro El odio, del escritor Luisgé Martín, que narra el caso de José Bretón, asesino de sus hijos Ruth y José. La ministra recordó que la publicación generó un conflicto entre la libertad de creación artística y la integridad moral de la madre de los menores, y afirmó: “Afortunadamente, la sociedad acompañó a la víctima.

La sociedad en ese momento fue por delante incluso de la ley. Lo que queremos en esta ocasión es que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche que se hizo en aquella ocasión. Y, por otro lado, también queremos adelantar las soluciones”. Para ella, la nueva regulación anticipa la respuesta legal para evitar choques de derechos en casos similares.

La iniciativa también da cumplimiento a compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y amplía la protección a colectivos especialmente vulnerables, como las personas adultas con discapacidad. De este modo, el Gobierno busca consolidar un marco normativo más completo que reconozca, sancione y repare a las víctimas, poniendo en el centro la prevención y la protección integral. Además, se espera que la ley sirva como un instrumento de concienciación social para visibilizar la gravedad de este tipo de violencia y reforzar la implicación de toda la sociedad en su erradicación.