El Tribunal Supremo, consternado por la "barbaridad" de la amnistía

El Alto Tribunal exige “respeto a la división de poderes” frente a la “supervisión” de la labor judicial

Agencias
Publicado: 13 nov 2023 - 20:45 Actualizado: 13 nov 2023 - 22:17
Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.
Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.

En el Tribunal Supremo (TS) se muestran consternados por la ley de amnistía al considerar que se trata de una “barbaridad” que “supone acabar con la Justicia” por la que esta sede judicial ha estado trabajando los últimos seis años. Fuentes del alto tribunal hacen hincapié en que, con la legalidad vigente, el trabajo de jueces y magistrados era perseguir los delitos cometidos en el marco del “procés”, una labor que comenzó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que esta ley de amnistía supone “tirar a la basura”.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo juzgó y condenó en 2019 a 12 líderes independentistas por el 1-O, y que en esa misma sede judicial aún hay causas abiertas contra Puigdemont y sus exconsejeros fugados. Las citadas fuentes denuncian además que, en contra de lo que defiende el propio texto, se trata de “un traje a medida” para los líderes del “procés”.

De hecho, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, emitió un comunicado por unanimidad donde recuerda que el Estado de Derecho “exige el absoluto respeto a la división de poderes” frente a “la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a supuestos casos de “lawfare”.

“El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”, afirma el alto tribunal. Reivindica también que “el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”.

Por eso, “enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial”, indicando que “ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.

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