Tres investigaciones estrechan el cerco sobre Santos Cerdán

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, acumula sobre sus espaldas el peso de tres frentes judiciales que han terminado por convertirlo en una de las figuras más comprometidas del socialismo español en la última legislatura. Desde que su nombre apareció por primera vez vinculado al llamado caso Koldo, la espiral de investigaciones no ha hecho sino crecer, ramificándose hacia presuntos amaños en contratos de la SEPI y, más recientemente, hacia una supuesta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno.

El primer frente procede del caso mascarillas, instruido en el Tribunal Supremo por el magistrado Leopoldo Puente, quien encargó a la UCO el informe que desencadenó la dimisión de Cerdán. Según ese atestado, el exdirigente socialista y el exasesor ministerial Koldo García habrían mantenido una trama vinculada a la empresa Servinabar, sociedad navarra en la que Cerdán figura como propietario del 45%.

A través de esa mercantil, según la UCO, se habría cobrado un porcentaje equivalente al 2% de los contratos que Acciona obtenía en UTE con obra pública. El dinero generado habría beneficiado directamente al entorno familiar de Cerdán mediante nóminas, el alquiler de dos viviendas en Madrid y gastos cotidianos cargados en una tarjeta de crédito.

Prisión provisional

La gravedad de los indicios llevó al instructor a decretar prisión provisional para Cerdán en junio del año pasado, argumentando un riesgo “muy intenso” de destrucción o manipulación de pruebas. Los cargos atribuidos —organización criminal, cohecho y tráfico de influencias— reflejaban la consideración del juez de que Cerdán ejercía un papel de “preeminencia” en la presunta red corrupta. Cuatro meses y veinte días después, salió en libertad con medidas cautelares: prohibición de salida del país y firma quincenal ante el juzgado.

El segundo frente judicial lo instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si Cerdán y su socio Antxon Alonso, junto a la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, lograron más de 700.000 euros en comisiones a través de contratos con empresas públicas. El grupo, autodenominado “Hirurok”, habría actuado de forma coordinada entre 2021 y 2023 para orientar expedientes administrativos en su beneficio.

Los tres fueron detenidos en diciembre por orden del entonces instructor, el juez Antonio Piña. Según la UCO, el grupo habría adoptado medidas de discreción y confidencialidad, apuntando a una estructura organizada y consciente de su exposición legal. Los investigadores han identificado hasta cinco operaciones en las que habrían conseguido resoluciones favorables en distintas administraciones.

Servinabar

Servinabar, la empresa que aparece como hilo conductor de toda la trama, habría recibido más de 75 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno navarro, según datos de la UCO. Una cifra que subraya la dimensión del entramado mientras los procedimientos siguen abiertos.

Acusado de obstruir la justicia

El último encontronazo de Cerdán con la Justicia ocurrió esta semana, cuando Pedraz acordó imputarle junto al exdirigente andaluz del PSOE Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.

En esta nueva línea de investigación, Pedraz indaga en si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales, incluyendo supuestas maniobras para obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

El auto del magistrado expone que se les investiga por delitos como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros.

En este sentido, Pedraz investiga una presunta trama creada para “desestabilizar de forma sistemática” las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando como contexto el periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.