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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló ayer de forma definitiva la ley del aborto de 2010, que blinda el derecho de “autodeterminación” de la mujer a interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, “de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo”, como advierte textualmente.
Fuentes del tribunal de garantías detallaron que el Constitucional rechazó, por siete a cuatro, el recurso del PP contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que llevaba 13 años en el cajón.
Los cuatro magistrados conservadores, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa formularon un voto particular contra la sentencia, mientras que la magistrada María Luisa Balaguer anunció un voto particular concurrente.
El resultado del Pleno ya se conocía desde febrero, una vez que entonces la corte de garantías rechazó la ponencia de Arnaldo y designó a la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, como nueva ponente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la decisión del Tribunal Constitucional y subrayó que es “una nueva victoria de las mujeres y un fracaso de los neoconservadores”.
En su intervención en un mitin en Castellón, Sánchez valoró la noticia y el rechazo por parte del TC del recurso presentado por el PP hace trece años contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. “Hoy el futuro ha vuelto a dar la razón al progreso y ha dejado a la derecha donde siempre, en contra de los avances sociales, en contra de reconocer los derechos y libertades de las mujeres de este país. Celebrémoslo, es una nueva victoria de las mujeres y un fracaso de los neoconservadores”, sostuvo el presidente.
El recurso del PP consideraba inconstitucional la llamada “ley de plazos” de 2010 frente a la “ley de supuestos” de 1985. Pretendía ilegalizar el aborto salvo en los tres casos que recogía la norma de hace 38 años: supuesto de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto; y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.
Pero el Tribunal considera que “el sistema de plazos es conforme a la Constitución por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española lamentó que se haya consagrado el aborto como un derecho, y enfatizó: “el no nacido no es una cosa, es un ser humano. Por eso, calificar como derecho la eliminación de manera voluntaria de la vida de un ser humano inocente es siempre moralmente malo”. En un comunicado, los obispos critican que el Constitucional avale “una ley ideológica, acientífica y que promueve la desigualdad” como ya hicieron el pasado 9 de febrero cuando rechazó, después de 13 años, la ponencia que declaraba inconstitucional la ley del aborto aprobada en 2010, por lo que pidió una nueva ponencia.
Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se congratuló, pese a las “feroces resistencias” del PP, de la decisión del TC. A la salida de su intervención en el Senado, Montero dijo que “es una excelente noticia” porque reconoce que el aborto es un derecho “a pesar de una derecha y un PP que durante estos 13 años nunca ha retirado ese recurso”. “Los derechos feministas son el corazón y un pilar de nuestra democracia”, defendió la titular de Igualdad.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo también aplaudió al Tribunal Constitucional.
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